Las consejeras de Gobernanza, Administración digital, Autogobierno y portavoz, María Ubarretxena, con la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa EFE
El Gobierno vasco moviliza más de 41 millones de euros para prevenir la exclusión social
Las ayudas destinadas al alquiler se concederán como máximo a dos unidades convivenciales por vivienda
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El Gobierno vasco ha aprobado las ayudas de emergencia social con un importe económico de 41,5 millones de euros para este 2026, se trata de una de las mayores cuantías destinadas a prevenir la exclusión social.
Esta ayuda está destinada a personas integradas en una unidad de convivencia cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, así como prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social.
Los receptores deben ser mayores de 18 años y tener un mínimo de seis meses de empadronamiento. Según ha explicado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, los gastos específicos a sufragar no varían. Estos son por ejemplo, el alquiler, energía, necesidades primarias o reparaciones.
"Estas ayudas hacen una sociedad más justa, cohesionada e inclusiva", ha asegurado la consejera Melgosa.
Pago a los ayuntamientos
El nuevo decreto, aprobado este martes en el Consejo de Gobierno, adecua la normativa de 2011 a la nueva situación y necesidades económicas y sociales de Euskadi.
En cuanto al modo de financiación, se vuelve al sistema anterior a la publicación de la Ley de la RGI y el pago a los ayuntamientos se llevará a cabo en dos momentos diferentes del año.
Por una parte, a princicpios de año el Gobierno vasco otorgará a los consistorios el mayor importe de la cuantía programada.
Por otra, en cuanto a los ayuntamientos que hayan aportado alguna cuantía de sus presupuestos minicipales el año anterior. Una vez que se justifique el gasto, se procederá a distribuir el resto del crédito consignado.
Segundo grado de consanguinidad
Otras de las novedades es que el número máximo de unidades de convivencia por vivienda en el pago de las AES destinadas al alquiler será de dos.
Además, a la hora de determinar las personas beneficiarias y establecer la unidad de convivencia, se reduce el grado de consanguinidad y afinidad y se sitúa en el segundo grado, según ha señalado Melgosa "por resultar más ajustado al presente y futuro de las familais vascas".
También se ha reducido la burocracia para agilizar los trámites, de forma que se va a garantizar el derecho del ciudadano a no aportar datos y documentos que ya tenga en su poder la administración.
