Izquierda Unida, partido de la coalición Sumar en el Congreso de los Diputados, quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez se pronuncie sobre el ERE anunciado por la empresa Tubos Reunidos, que prevé el despido de 301 trabajadores en Euskadi.
El grupo parlamentario, a través de sus diputados Enrique Santiago y Engracia Rivera, ha presentado una iniciativa para que el Ejecutivo nacional se posicione en este conflicto laboral, que afectaría a 274 empleados en la planta de Amurrio (Álava), donde trabajan unas 900 personas, y a otros 27 en la factoría del Valle de Trápaga (Bizkaia), con una plantilla actual de 330 trabajadores.
Sumar alerta de que la plantilla de Tubos Reunidos en Euskadi se encuentra en una “situación crítica”. De materializarse el ERE, “supondría un nuevo golpe al empleo industrial en comarcas ya castigadas por cierres y procesos de desindustrialización”.
El plan de viabilidad presentado por la empresa incluye bajas incentivadas, jubilaciones y despidos voluntarios, pero Sumar considera, en la línea expresa por ELA, que con la cifra económica que se ha planteado, no es un plan “viable”. “No habrá muchas bajas voluntarias con incentivos tan bajos y tan pocas posibilidades de empleo en el territorio”.
En el caso de la planta vizcaína, Sumar recuerda que la factoría se salvó en el pasado gracias a una huelga y que alrededor de 70 trabajadores fueron trasladados a Amurrio para garantizar su continuidad laboral. “A esto hay que añadir que el plan de viabilidad de la empresa implicaría cerrar la acería, hecho que, si sucede, sería muy poco probable la apertura del futuro”.
Por ello, Sumar quiere escalar el conflicto a nivel nacional y pregunta al Ejecutivo qué valoración hace de la situación y qué medidas adoptará para impedir la destrucción de empleo planteada por la compañía.
Exige la devolución de las ayudas de la SEPI
La formación también recuerda que Tubos Reunidos ha recibido ayudas públicas y respaldo financiero en el pasado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por lo que cuestiona si, “en caso de aplicarse finalmente el ERE, el Gobierno exigirá la devolución de las subvenciones y rescates concedidos”.
Por último, Sumar quiere saber si el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, del que depende la Inspección de Trabajo, “permanecerá vigilante para garantizar que la empresa cumple estrictamente la normativa laboral durante la tramitación del expediente”.
“Es importante contextualizar que entre otros argumentos que se la empresa para estos despidos, estaba la deuda que arrasa la compañía en los últimos años, la necesidad de disminuir los gastos de producción o los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump al acero”, explica la formación política.
“Tras la reunión con la directiva de la empresa, las trabajadoras y trabajadores y sus representantes sindicales han expresado su indignación, ya que consideran que es una medida totalmente desproporcionada a la situación actual”, explican.
“Expresan que la unidad de acción debe ser la estrategia que seguir. ELA anuncia la intención de convocar huelga indefinida, en defensa de los puestos de trabajo y la viabilidad real de la empresa, hasta que no se retire el plan actual”.