El PP plantea endurecer la ley para que los etarras cumplan una “prisión permanente revisable”

Los últimos permisos penitenciarios a dirigentes etarras como ‘Txeroki’ o Soledad Iparraguirre ‘Anboto’ han inflamado al Partido Popular, que quiere endurecer los castigos para que los exmiembros de ETA pasen el mayor número de años posible entre rejas.

El PP quiere endurecer la legislación penitenciaria para que los presos de ETA cumplan con una especie de “prisión permanente revisable” en la que no quepan permisos flexibles en el País Vasco.

Una reforma legal que el propio partido de Alberto Núñez Feijóo sabe que es difícil de llevar a la práctica ya que esta pena máxima, equiparable a la cadena perpetua, apenas tiene 11 años de vida.

“Aunque estos terroristas no fueron condenados a prisión permanente revisable (pues dicha pena se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico en 2015), esta situación ha alertado también sobre la necesidad de modificar la legislación penitenciaria en lo que respecta al acceso a beneficios de los condenados a esta pena”, explica el partido.

La exjefa de ETA 'Anboto' sale de prisión tras lograr el régimen de semilibertad

Los populares han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que plantean reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria para introducir una regulación específica de la prisión permanente revisable, cerrando la puerta a beneficios penitenciarios antes de que se cumplan los plazos mínimos legales —entre 25 y 35 años— y reforzando las condiciones para revisar la condena, que solo debería producirse con un “pronóstico claro de reinserción” por parte de los presos etarras.

"Carencias"

“La actual regulación penitenciaria presenta importantes carencias en relación con la ejecución de la prisión permanente revisable”, explica el PP.

“La ausencia de una previsión expresa en la Ley Orgánica General Penitenciaria sobre el acceso al tercer grado, los beneficios penitenciarios y el papel de las autoridades penitenciarias ha generado incertidumbre jurídica y el riesgo de interpretaciones que vacíen de contenido esta pena excepcional”.

“El legislador fue claro al establecer un período mínimo de cumplimiento efectivo —entre 25 y 35 años, según los casos— como presupuesto imprescindible para cualquier revisión de la condena. Permitir que, antes de ese plazo, puedan concederse beneficios penitenciarios diseñados para el régimen ordinario de cumplimiento supondría una desnaturalización de la pena y una quiebra del principio de proporcionalidad”.

Además, el PP propone modificar el Reglamento Penitenciario para impedir que los condenados por terrorismo puedan acogerse a fórmulas de flexibilidad como las previstas en el artículo 100.2, limitando así la posibilidad de combinar regímenes de segundo y tercer grado.

Qué es el 100.2, una controvertida vía de reinserción que disfruta una veintena de presos de ETA

La iniciativa llega tras la polémica suscitada por la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a internos como el exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’.

Dicho precepto permite, bajo el “principio de flexibilidad”, que un penado clasificado en segundo grado cumpla su condena con características del tercer grado, el régimen abierto. A ello se suma, según denuncian los populares, la interpretación “más favorable posible” del artículo 86 del reglamento en el País Vasco, que regula las salidas de prisión.

En algunos casos, internos clasificados en tercer grado pueden evitar incluso dormir en el centro penitenciario mediante el uso de pulseras de control telemático. “La prensa ha informado estos días de que cerca de sesenta etarras ni tan siquiera pasan la noche en prisión y están en sus casas con uno de estos dispositivos”, explica el partido.

"Desnaturalización"

“Esta interpretación burla por la vía de la ejecución de la condena la regla de cumplimiento efectivo de las penas impuestas por los tribunales por la comisión de delitos de terrorismo, lo que no resulta admisible”, añaden.

El PP considera que estas prácticas suponen una “desnaturalización” del cumplimiento efectivo de las penas por delitos de terrorismo y una quiebra del principio de proporcionalidad. Los populares enmarcan esta iniciativa en su defensa de una política penal basada en la firmeza del Estado de derecho, la protección de las víctimas y la seguridad ciudadana.

“La reinserción debe ser una posibilidad real, pero condicionada siempre al cumplimiento efectivo de la condena y a la existencia de un pronóstico sólido y contrastado de no reincidencia”.

Covite y Buesa piden a las instituciones retirar las subvenciones a la Korrika por las fotos de presos de ETA