VOX sigue caldeando su discurso contra la inmigración irregular. La formación de Santiago Abascal acaba de registrar una iniciativa en el parlamento nacional para expulsar a todos los inmigrantes que cometan delitos, independientemente de que tengan o no la nacionalidad española.
El tercer partido del Congreso y aliado natural del PP en un hipotético gobierno de coalición justifica su discurso ultra en el aumento de la criminalidad asociada a la inmigración y al coste para el Estado de mantener en prisión a estos delincuentes condenados.
En concreto, Vox cifra en 30,6 millones de euros el gasto que el Gobierno vasco habría destinado en 2025 al mantenimiento de presos extranjeros en las cárceles de Euskadi. Según el texto presentado por los diputados de Vox, las prisiones vascas contaban el pasado año con 1.768 internos, de los cuales 615 eran extranjeros, lo que representa el 34,78% del total.
Tomando como referencia el presupuesto destinado por el Ejecutivo vasco a instituciones penitenciarias, que ascendió a 88 millones de euros, los de Vox concluyen que el coste proporcional asociado a los reclusos extranjeros alcanzó los 30,62 millones de euros.
La iniciativa parlamentaria utiliza datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias correspondientes a diciembre de 2025 y compara la situación vasca con la del resto del Estado y Cataluña. Según los cálculos de Vox, el gasto total destinado a presos extranjeros en España superó los 770 millones de euros durante el pasado ejercicio.
El presidente de VOX, Santiago Abascal, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026
Vox argumenta que la legislación actual dificulta la expulsión efectiva de delincuentes extranjeros y considera insuficiente la aplicación del artículo 89 del Código Penal, que regula la sustitución de penas de prisión por la expulsión del territorio nacional.
El partido señala que el número de expulsiones ejecutadas sigue siendo reducido en comparación con las condenas impuestas. En este sentido, denuncia que una parte importante de los condenados permanece en España una vez cumplida su pena.
Entre las medidas, figura la reforma del artículo 89 del Código Penal para garantizar la expulsión de cualquier extranjero condenado por un delito. Retirar la nacionalidad española a los extranjeros nacionalizados que cometan delitos, asegurar el cumplimiento efectivo de todas las órdenes de expulsión y publicar el país de origen de los infractores en los balances oficiales de criminalidad.
La iniciativa también reclama la firma de convenios con otros Estados y la promoción de cambios normativos en el ámbito de la Unión Europea para que los ciudadanos extranjeros condenados en España puedan cumplir sus penas en sus países de origen bajo mecanismos de supervisión que garanticen la ejecución de las sentencias.