El Parlamento vasco ha aprobado prorrogar la calificación de viviendas de protección pública. Lo ha hecho a través de la enmienda a la totalidad presentada por los grupos del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, y con la abstención de EH Bildu y Sumar.
El debate, en el que todos los intervinientes —excepto el del PNV— han dedicado unas palabras por el fallecimiento de Maricarmen, ha llegado a la Cámara vasca a raíz de la proposición no de ley presentada por Sumar en la que pedía "garantizar la permanencia de la VPO dentro del régimen protegido destinado al alquiler".
Desde Sumar, Jon Hernández, ha asegurado que la crisis habitacional "se está agudizando" y ha denunciado que los fondos buitre "se aprovechan de un bien de primera necesidad".
Según ha explicado Hernández, la iniciativa de su grupo argumentaba que "ninguna vivienda construida como protegida debe terminar como vivienda libre". "Estamos hablando de cientos de viviendas que podrían incorporarse al mercado libre en los próximos años", ha señalado.
510 viviendas de Benta Berri
El Parlamento vasco ha aprobado, por tanto, llevar a cabo una modificación en la Ley de Vivienda de 2015 para poder prorrogar la calificación de viviendas de protección pública "con la máxima celeridad".
Con esta modificación, los socios del Gobierno vasco buscan que viviendas como las 510 de Benta Berri (San Sebastián), que cuentan con un régimen de protección temporal, se les pueda aplicar mientras continúe vigente la declaración de zona tensionada en la capital guipuzcoana.
El parlamentario del PSE-EE, Adrián Fernández, ha asegurado que es fundamental "ofrecer seguridad a las familias" y ha defendido que "eso es lo que está haciendo el Gobierno vasco".
Asimismo, ha apostado por ser "socialmente ambiciosos", pero también ofrecer "seguridad jurídica". También ha recordado que en 2003 se aprobó una normativa que estableció que las viviendas de protección pública calificadas a partir de entonces tienen "carácter indefinido y no pueden descalificarse".
Jonatan Moreno, del PNV, también ha hecho referencia a la normativa de 2003 y ha afirmado que "hay que garantizar el derecho al inquilino, pero también hay que proteger al pequeño propietario".
Seguridad jurídica
Para el PP vasco, que ha asegurado que están a favor de la colaboración público-privada, pero con "unas condiciones", consideran que esta medida "agravaría la situación".
"Lo plantean sin seguridad jurídica y con incertidumbre. ¿Qué empresa va a querer venir aquí a construir y gestionar alquiler? Están ahogando la oferta de alquiler y vincular todo a las zonas tensionadas es un error", ha señalado Ana Morales.
Por su parte, EH Bildu ha lamentado que estas viviendas, con el tiempo, pasen al mercado libre y ha exigido la necesidad de adoptar medidas para "acabar con esta situación".
"Aunque el Gobierno vasco asegure que en Euskadi se han construido 110.000 viviendas protegidas, lo cierto es que la mitad de esas viviendas se han descalificado o se van a descalificar en los próximos años", ha indicado Xabier Astigarraga.