El Gobierno vasco considera que el actual marco normativo "garantiza" el control de cualquier conflicto de intereses, pero reconoce que no dispone de un "criterio expreso" que permita identificar cuáles de esas actividades corresponden específicamente a lobbies.
Así responde la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, a la batería de preguntas presentadas por EH Bildu en el Parlamento vasco.
En su justificación, la parlamentaria abertzale Lamia Nogales explicaba que, si bien la ley de 2014 regula las incompatibilidades y prohibiciones para altos cargos durante los dos siguientes años a su cese, no prohíbe "de forma explícita" las actividades de lobby o de representación de intereses vinculadas a las decisiones y expedientes en los que estas personas participaron directamente en el ejercicio de su función pública.
Además, Nogales ponía en duda si es "suficiente" el régimen actual para evitar que ex altos cargos realicen actividades de influencia vinculadas a sus funciones anteriores.
En su respuesta, el Ejecutivo vasco considera que el marco vigente, es decir la ley de 2014, es "suficiente" para prevenir conflictos de intereses e influencias indebidas tras el cese de los altos cargos.
Además, especifica que, tal y como esta ley, se prohíbe durante los dos años posteriores al cese de cualquier relación laboral, mercantil o empresarial con entidades privadas con las que el alto cargo haya tenido relación directa en el ejercicio de sus funciones.
"Esta prohibición se aplica a todo tipo de relación contractual, independientemente de la actividad concreta que desempeñe la empresa o entidad", detalla.
Concretar y delimitar
Si bien el Ejecutivo vasco señala que conoce las empresas a las que se incorporan los ex cargos y las actividades que va a realizar a través de las solicitudes de autorización obligatorias, reconoce que actualmente no existe un "criterio expreso" para identificar o contabilizar cuáles de esas actividades corresponden específicamente a lobbies o representación de intereses.
Por lo tanto, existe esa laguna que, según asegura, se abordará en la Ley de Transparencia de Euskadi, aprobada el pasado mes de mayo con el rechazo de la oposición.
"La Ley de Transparencia de Euskadi regula los grupos de interés y prevé el desarrollo reglamentario de esta materia", indica.
Y concluye con que será un futuro decreto el que "permitirá concretar y delimitar el concepto de actividad de influencia y representación de intereses, así como su régimen de identificación y registro".