El consejero de Vivienda, Denis Itxaso EFE
El Gobierno vasco adquiere a Testa las 510 viviendas de Benta Berri en San Sebastián para evitar desahucios
En 2016 los bloques de pisos fueron adquiridos por la socimi Testa Homes, controlada por el fondo de inversión global Blackstone
El Gobierno vasco comprará a Testa las 510 viviendas de Benta Berri en San Sebastián, cuyos vecinos en régimen de alquiler tenían el peligro de ser desahuciados, según ha informado el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, cuyo consejero, Denis Itxaso, comparecerá este miércoles en rueda de prensa para informar sobre los detalles de la operación.
Tal y como recoge Europa Press, el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián aprobó el pasado 26 de marzo una moción en la que se instaba al Gobierno vasco a buscar "soluciones y evitar el desahucio" de los vecinos de las viviendas protegidas en régimen de alquiler (VPP) de Benta Berri, cuyos contratos finalizan en 2028.
En total, se trata de 510 viviendas sitas en las calles Resurrección María de Azcue, Bertsolari Xalbador y Plaza José María Sert de la capital guipuzcoana, que fueron adjudicadas en 1998. El Gobierno vasco cedió el derecho de superficie para la construcción de 510 viviendas protegidas a las empresas Metrovacesa y Vallehermoso por un periodo de 75 años.
Construcción de una vivienda
Estas dos empresas se fusionaron posteriormente con la socimi Testa Residencial, y posteriormente trasmitidas a Testa residencial, hoy Testa Homes, que forma parte del fondo Blackstone.
Las 510 viviendas protegidas destinadas al alquiler se calificaron formalmente en noviembre de 1998 por un plazo de protección de 30 años, fijando su fecha de vencimiento para noviembre de 2028.
En 2016, los bloques de pisos fueron adquiridos por la socimi Testa Homes, controlada por el fondo de inversión global Blackstone.
A principios de 2026, los vecinos de Benta Berri empezaron a movilizarse cuando cerca de 40 inquilinos recibieron notificaciones de que sus contratos de alquiler no serían renovados a su vencimiento.
Con el horizonte del fin de la protección pública fijado para noviembre de 2028, los vecinos -agrupados en la asociación Alokairu y apoyados por colectivos como Stop Desahucios- intensificaron sus movilizaciones.
El consejero de Vivienda, Denis Itxaso.
