En Euskadi, emanciparse cuesta. Cuesta mucho dinero y cuesta mucho tiempo. La edad media de emancipación de los jóvenes vascos está en los 30 años, la cifra más alta de toda España. Pero este dato no hay que darlo solo, tiene que ir de la mano de otro: una de cada cinco personas desempleadas en el País Vasco es menor de 25 años. Ambas cuestiones juntas dan como resultado la dificil situación que atraviesan los jóvenes en un clima actual en el que tienen que hacer frente a la precaridad laboral y un dificil acceso a la vivienda y, por tanto, a la independencia.
Según los últimos datos de Lanbide del mes de enero, en Euskadi hay 22.650 personas menores de 30 años en paro. En la misma fecha del año 2020, esta cifra era inferior y estaba en 18.380. Es decir, en un año, la crisis generada por la pandemia del covid-19 se ha llevado por delante 4.270 puestos de trabajo. Los sectores que más han sentido la dureza de esta crisis han sido la hostelería, el ocio y la cultura y precisamente estos son en los que más gente joven trabaja.
En la otra parte de la ecuación está el alquiler. Euskadi cerró el año siento la tercera comunidad autónoma con el precio del alquiler más alto con un precio medio del metro cuadrado de 12,3 euros. Solo le superan Madrid y Cataluña con 14,2 y 13,8 euros, respectivamente. Según los datos del portal Idealista, en un año los precios han aumentado un 4%, lo que supone un récord histórico. Por territorios, la mayor subida ha sido en Álava, con un 5,7%, seguida de Gipuzkoa donde han crecido un 3,7% y Bizkaia un 3,6%. A pesar del mayor aumento en el territorio alavés, Vitoria sigue siendo la capital más barata y San Sebastian la más cara.
Poca oferta y mucha demanda
El viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, Pedro Jauregui, es muy consciente de la dura situación por la que pasan los jóvenes vascos y pone un especial foco en la precarización laboral. "Se han encontrado con dos crisis. La primera, la del año 2009 de la cual quedan resquicios y ahora llega la de la pandemia que no ha hecho sino agravar aún más su situación", explica el viceconsejero. Desde su departamento han observado como ha habido un cambio de tendencia en acceso a la vivienda: "Antes se accedía a través de la compra, el dinero a través de los bancos era muy barato y conseguir financiación bancaria era sencillo. Esto cambia a raiz de la crisis y esta tendencia cambia radicalmente hacia el alquiler".
El precio medio de una vivienda de alquiler en las tres capitales vascas está en 750 euros
Otro de los problemas que señala es la falta de concordancia entre la oferta y la demanda. "La oferta de pisos en alquiler es muy estrecha porque tradicionalmente no se optaba por esta alternativa. Ahora que está tan en aumento, lo que se ofrece es muy escaso y esto provoca que los precios suban. Es la base de la ley de oferta y demanda", detalla el viceconsejero. Por territorios, cree que la imagen es bastante similar pero afirma que los precios más altos están en San Sebastian, Bilbao o Getxo, donde, además, muchas viviendas se destinan al alquiler turístico.
El miedo de los propietarios
"Cada vez es más común ver en las noticias imágenes de desalojos, destrozos en viviendas, morosidad... y esto lleva a los propietarios de las viviendas a tener miedo de poner sus pisos en alquiler. Sin embargo, la realidad es que el índice de morosidad es bajísimo, solo un 2%”, dice el Presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad de Bizkaia, José Manuel González. Él detalla que el precio medio de una vivienda de alquiler en las tres capitales vascas está en 750 euros.
Es por ello que González considera que a día de hoy sale mucho más económico comprar un piso y pagar una hipoteca que alquilar, aunque también ve que esto es totalmente “impensable e inviable” si desde las administraciones no se plantean otro tipo de ayudas y alternativas más a largo plazo. “Hay alternativas, lo que pasa es que son complicadas y los políticos están cuatro años y se cambian y no hay una solución a largo plazo. Hay que buscar vías jurídicas para dar seguridad al propietario porque sino la única opción viable que les queda a los jóvenes es compartir piso”, apunta José Manuel González.
Precisamente la vía de la compra es por la que optó Begoña. Ella tiene 27 años y hace pocos meses se compró un piso en Vitoria. Asegura que ella nunca se había planteado alquilar por lo altos que están los precios y vió que iba a pagar más por un alquiler que lo que está pagando por la letra de una hipoteca. Aún así, ella comprende que para dar este paso hay que tener un buen trabajo. “Mirando y mirando opté por un piso de nueva construcción porque uno de segunda mano me iba a suponer un desembolso extra al tener que reformarlo y además los precios eran parecidos. Mejor pagar por algo nuevo que por algo que vas a tener que reestructurar”, opina Begoña.
Los precios están por las nubes, se aprovechan de la gente que llega desesperada y no hay nada por menos de 700 euros. Hay tanta demanda y tan poca oferta que disparan los precios
Compartir piso, la única solución
Laura llegó a Vitoria hace más de un año desde Cartagena con “una mano delante y otra detrás”. Tiene 24 años y aunque su idea inicial era vivir sola, la única vía posible que ha encontrado es compartir piso aunque no tuvo muy buenas experiencias durante la búsqueda. “Me encontré con un piso en el que vivían ocho personas, en condiciones muy malas y sin apenas ventanas. Encontré anuncios que te ofrecían chollos y eran todo alquileres trampa. Incluso una vez quedé por internet con una supuesta chica para ver un piso y apareció un chico. Vi muchos, muy pequeños, muy sucios y muy caros. Vamos que no eran ni buenos, ni bonitos, ni baratos”, cuenta Laura.
Ella reconoce que durante unos meses estuvo viviendo de alquiler sin contrato porque estaba “desesperada” al no encontrar nada y era la única solución para poder ahorrar algo y hacer frente a los “desorbitados” costes que supone alquilar un piso mediante inmobiliaria. “Pagamos entre tres un piso de 900 euros. En Cartagena alquilas por la mitad. Aquí te piden una costilla por vivir y más si eres joven. Yo al menos tengo un buen sueldo pero una persona con pocos recursos, o coge un piso en negro, o es totalmente inviable”, considera ella.
Caso parecido es el de Cristina, que tiene 28 años y llegó a San Sebastián desde Cádiz. Ella describe su llegada a Euskadi como “traumática” porque al tener que buscar todo por internet, lo que se encontró a su llegada nada tenía que ver con las fotos que había visto. Además, coincide en el alto desembolso inicial que exigen las inmobiliarias y que a ella le costó poder hacer frente. “Los precios están por las nubes, se aprovechan de la gente que llega desesperada y no hay nada por menos de 700 euros. Hay tanta demanda y tan poca oferta que disparan los precios”, piensa Cristina.
Imposible pensar en comprarse una casa
La experiencia de Aitor es algo diferente. Él es de Vitoria y se independizó a finales de 2019, cuando tenía 23 años y optó por un piso de Vitalquiler. “Estas no son viviendas para todo el mundo ya que hay que dejar una fianza de unos 4.000 euros más un mes de alquiler y te dan la vivienda completamente vacía. Entonces hay un desembolso muy grande que yo pude hacer porque ya llevaba un par de años con trabajo estable”, explica.
“Si se estudia una carrera, se hace un máster y tal pues al final te plantas con 24 o 25 años sin haber trabajado. Y entre que encuentras uno y consigues hacer un colchón con el que poder irte de casa pues pasan más años. Y de comprar una casa ya ni hablamos”, añade Aitor.
Los que hacen las ayudas yo no sé en qué mundo viven. Te dan una ayuda de 250 euros por un piso de 500. ¿Me dices donde hay aquí un piso por ese precio?
Alba ha vivido en muchos pisos de alquiler en España y fuera de ella pero siempre con la ayuda de sus padres. Ahora ha decidido independizarse con 25 años en Bilbao. Ella trabaja en el mundo del cine, profesión la cual describe como un trabajo en el que “se trabaja mucho y se cobra muy poco y más siendo mujer”. Vive en un piso de apenas 47 metros cuadrados con su pareja por el cual pagan 600 euros y ella ve claro que “independizarte sola ahora mismo es totalmente imposible, al igual que poder comprarse una casa".
Sobre las ayudas de las administraciones, cuenta que nunca ha podido optar a ellas pero este año sí lo intentará aunque sean “insuficientes”. “Los que hacen las ayudas yo no sé en qué mundo viven. Te dan una ayuda de 250 euros por un piso de 500. ¿Me dices donde hay aquí un piso por ese precio? Y a eso hay que sumarle las dificultades laborales, que está ahí para todo el mundo, pero para los jóvenes aún más”, argumenta Alba.
Ayudas desde el Gobierno vasco
Desde el departamento de Vivienda del Ejecutivo vasco, trabajan con el objetivo de crear unas mejores condiciones de oferta, incentivándola para contener la subida de precios. Una de sus principales apuestas está en las medidas fiscales. El gobierno vasco planteó a finales de año el cobrar menos impuestos a aquellos propietarios que bajen el alquiler. Lo que buscan así es incentivar el alquiler y no tener que regular el mercado actuando directamente sobre los precios, propuesta que el viceconsejero, Pedro Jauregui, asegura se ha visto "con muy buenos ojos".
El programa Bizigune, es otra proyecto del Gobierno vasco en el que capta viviendas desocupadas y las destina al alquiler social. En estos momentos son más de 6.000 en Euskadi. A través de Alokabide se firma un contrato de usufructo con el propietario a cambio de una serie de garantías establecidas. De esta manera, Alokabide asigna la vivienda y a la vez garantiza el dinero al propietario. Estas casa no son únicamente para jóvenes pero muchas de ellas se destinan a este colectivo.
Gaztelagun si es una iniciativa propia para este colectivo que lo que plantea es una subvención de 250 euros al mes durante un máximo de tres años. Desde su creación en 2019, 2.100 jóvenes se han beneficiado de estas ayudas que se cifran en 3,96 millones de euros en total. A esto hay que sumarle los alojamientos dotacionales que son pequeños apartamentos para menores de 36 años. A día de hoy hay un total de 1700 construídos o en construcción pero la estancia en ellos se limita a un máximo de cinco años.