Jueces vascos cobran un sobresueldo mensual de 1.800 euros por realizar el mismo trabajo que antes de la pandemia. Estas retribuciones extraordinarias son propuestas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y autorizadas por el Consejo General del Poder Judicial, que también lo está aplicando en otras comunidades autónomas. El sobresueldo se alcanza cuando los magistrados tramitan 110 resoluciones al mes que supongan finalizar procedimientos judiciales, como sentencias o autos, excluyendo los acuerdos entre las partes, según han confirmado fuentes jurídicas.
Antes de la pandemia, en su sueldo ordinario ya se contemplaba la ejecución de estas 110 resoluciones, sin que existiera ningún complemento ni bonificación.
En Bilbao, estos sobresueldos se aplican desde este año en los juzgados de lo laboral, donde hay 11 magistrados. A mediados se añadieron los tres juzgados de lo mercantil, después de que el Tribunal Superior vasco lo aprobara el pasado mes de abril en la reunión de su Sala de Gobierno (ver punto decimoséptimo).
Es el llamado mecanismo de autorefuerzo, pero de su lectura se desconoce que sea esta gratificación extraordinaria, porque no ofrece más información adicional. De hecho, induce a pensar que es un refuerzo material o de personas y no un aporte de dinero al beneficiario.
La puesta en marcha de estas retribuciones causó malestar en la judicatura y de hecho fue rechazada inicialmente por algunos magistrados beneficiarios, según han confirmado fuentes jurídicas. Pero finalmente se acogieron a estos sobresueldos al comprobar que era aceptado por la mayoría.
Estas bonificaciones se han implantado para acelerar la resolución de sentencias tras la paralización obligada por el confinamiento el pasado año. Entonces, ya hubo críticas al funcionamiento de la Justicia en Euskadi, que se convirtió en la comunidad autónoma española donde el servicio de la Justicia estuvo más paralizada a consecuencia del coronavirus.
Fue el único territorio donde permaneció bloqueada la plataforma telemática que tramita las demandas judiciales, pese a que el Ministerio de Justicia había reabierto esta vía Y encima la cúpula judicial vasca protagonizó un paripé para ocultar esta realidad: puso en marcha un servicio de cita previa telemática para presentar escritos de demanda sin ninguna validez práctica. Esos documentos no se pudieron tramitar porque no había posibilidad de teletrabajo y solo estaban en sus puestos el 10% del millar de funcionarios judiciales existentes en Euskadi.
En Bizkaia los once juzgados de lo social de Bilbao decidieron bloquear entonces cualquier demanda laboral asociada al coronavirus.