El borrador del pacto educativo vasco que marca las líneas centrales de la futura Ley de Educación entra de lleno en el modelo de financiación de las 248 escuelas concertadas que hay en el País Vasco. Son el 35% del total de los centros educativos y acogen al 48,8% del alumnado vasco.

El Gobierno vasco propone garantizar la gratuidad real eliminando las cuotas de escolarización. "Las necesidades educativas básicas de los alumnos se financiarán al 100% y se procurará

una mayor ayuda a quienes se hallen en condiciones sociales más complejas", expone el texto, que abre la puerta a eliminar la cuotas que pagan las familias en los centros concertados.

El modelo de financiación de la red pública y la red concertada ha focalizado buena parte del debate llevado a cabo en la ponencia parlamentaria y ahora la propuesta rompe con el paradigma existente. Ahora el texto precisa que la educación obligatoria será gratuita, al menos a partir de los 3 años, al igual que la Formación Profesional de grado básico y la administración deberá asegurar los recursos públicos para ello.

Las cuotas de la concertada vasca entre las más caras de España

Todos los colegios vascos que conforman la red concertada de educación reciben el cobro de alguna cuota por parte de las familias en concepto de servicios extras, refuerzos horarios o metodologías educativas. En uno u otro sentido, supone un desembolso medio por estudiante de 97,35 euros, el tercero más elevado de España, detrás de Cataluña y Madrid. Así lo recoge un estudio de precios elaborado por Garlic que fija una horquilla muy variable de precios en las escuelas concertadas vascas que van desde los 32 euros de la más barata hasta rondar los 500 euros del más caro.

Actualmente, el Gobierno vasco establece un mínimo de 17 alumnos por aula para concertar con las escuelas y asume buena parte del coste de las mismas, además de la nóminas de parte del profesorado. Un asunto primordial para poder mantener la clase, ya que como expuso el director de Ikastolen Elkartea, José Luis Sukia, en 'Crónica Vasca' "un aula de infantil supone entre 60.000 y 70.000 euros" al año, imposible de asumir con el pago de las familias.

La Enseñanza concertada es una pieza fundamental del sistema vasco de educación al escolarizar casi al 50% del alumnado y siempre ha defendido la necesidad de contar con las aportaciones de las familias para poder mantener la subsistencia de sus colegios. 

Sólo el 23% refleja la voluntariedad en el pago de la cuota

La normativa que regula los Conciertos Educativos establece que estos centros deben impartir las enseñanzas del plan curricular de modo gratuito y sólo se puede cobrar a la familias por servicios extras no obligatorios, cuyo impago no puede conllevar la salida del centro. En este sentido, el informe de Garlic expone que sólo el 23% de los centros concertados reflejan en la entrevista con las familias  la voluntariedad de este pago, además, en la mayoría de los casos, un 81%, no se da abiertamente la opción de no pagarla y sólo en un 16% de las situaciones se advierte de la voluntariedad del pago

Reducir la segregación escolar

Uno de los objetivos del pacto educativo es reducir la segregación escolar e intentar superar las desigualdades de origen. En este sentido, una de las novedades es que el Servicio Vasco de Educación "sostendrá con recursos públicos a los centros, con independencia de su naturaleza jurídica, en la medida en que intervengan de manera activa en el esfuerzo por superar la segregación y la exclusión social". 

Fuentes del Ejecutivo consultadas por 'Crónica Vasca' explican que los centros concertados recibirán financiación pública en función del cumplimiento de una serie de requisitos que garanticen la inclusión escolar. Educación determinará los criterios y realizará el seguimiento a cumplir por parte de los colegios concertados que reciban financiación pública y regulará las obligaciones y el procedimiento de admisión de los prestadores del servicio educativo. 

La segregación escolar es uno de los principales problemas a solucionar en el sistema educativo vasco, ya que la mayor parte del alumnado de origen inmigrante y con escasos recursos se concentra en las escuelas públicas. Concretamente, según un estudio del Gobierno vasco, el 67% del alumnado de origen extranjero se escolariza en la red pública y el 33% en la privada con lo que el alumnado de nivel socio-económico más bajo se encuentra en la red pública. 

El propósito de vincular la financiación a la inclusión es "transformar el actual modelo de escolarización y evitar concentraciones de alumnado vulnerable" para superar las desigualdades entre el alumnado de los centros educativos en orden a "procurar la calidad educativa".