La Audiencia Nacional ha acordado reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco para tratar de determinar quienes fueron los dirigentes de la organización terrorista ETA que se encargaron de planear y ordenar el atentado perpetrado el 12 de julio de 1997.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y ya ha encargado informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Según recoge Europa Press, en ese escrito, de 138 páginas, la asociación dirige la acusación contra los nueve jefes de la banda terrorista que presuntamente componían el máximo órgano de dirección --el ZUBA-- en el momento del asesinato de Miguel Ángel Blanco al considerarlos "penal y civilmente responsables" de su muerte.

Entre los mismos se encuentran históricos dirigentes como Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren, alias 'Kantauri'; María Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi'; Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza'; y Asier Oyarzabal, alias 'Baltza'.

Además, DyJ solicita que se prohíba la salida de España y se retire el pasaporte a cuatro de los querellados que se encuentran en libertad ante el "claro riesgo de fuga". Entre los mismos se encuentran el propio 'Iñaki de Rentería' y también Vicente Goicoechea, alias 'Willy', Jokin Echevarría y Carlos Ibarguren, alias 'Nervios'.

Asimismo, la asociación solicita al juez que llame a declarar a todos ellos y que requiera a la Policía Nacional las comunicaciones internas con relevancia en el secuestro y asesinato de Blanco, además de pedir que se identifique a otros presuntos cooperadores necesarios, encubridores o inductores.

Los autores materiales ya fueron condenados

En el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al ex dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia' como autores materiales.

En su sentencia, el tribunal aseguraba que ambos "planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, siguiendo las directrices de la cúpula de la organización terrorista ETA, que tenía entre sus objetivos más inmediatos el secuestro de un concejal del PP para exigir a cambio de su liberación el acercamiento de los presos de la banda a cárceles del País Vasco".

"El ejecutor material condenado empuñó la pistola. Pero los nueve aquí querellados empuñaban al ejecutor material de la misma manera.

Son los auténticos autores detrás del autor. Y de hecho tenían un dominio del hecho incontestablemente superior como veremos", argumenta en su querella la asociación.

A su juicio, si "el peón fungible que empuñaba la pistola se hubiese negado finalmente a disparar, hubiese sido fácilmente sustituido por otro peón fungible que sí hubiese disparado y Miguel Ángel Blanco habría sido igualmente asesinado".

Un asesinato imposible sin la orden de la dirección

"Pero si, en cambio, los que hubiesen decidido no asesinar a Blanco hubiesen sido los nueve aquí querellados, dada la fuerte jerarquía y disciplina interna de ETA que aquí acreditaremos, ningún peón ejecutor se hubiese siquiera atrevido a desobedecer a la ZUBA, y Miguel Ángel Blanco sí que habría salvado la vida", argumenta Dignidad y Justicia.

En este contexto, la querella hace un repaso desde el secuestro del edil 'popular' hasta su asesinato dos días mas tarde para justificar el señalamiento del comité ejecutivo de la banda. "La ZUBA tenía simple y llanamente conocimiento del secuestro que estaba teniendo lugar y hacía pública su voluntad de llevar a cabo el subsiguiente asesinato", sostienen.

Por eso, la asociación cree que "es imposible que hasta el último de los integrantes de ZUBA, no importa su función o aparato concreto, no estuviese al tanto de que el secuestro proseguía su desarrollo, y de que cada vez estaba más próximo el día y hora cierto y claro del asesinato".

Así, DyJ afirma que los nueve miembros de ETA contra quien se dirige la querella "lo estuvieron viendo todo con una inusitada frialdad criminal". "Durante esos dos días", añaden, "sabían perfectamente que aún no había llegado la hora de 'ejecución'", observando en ese periodo "los llamamientos desesperados a la humanidad y a que respetasen la vida".

En ese punto, DyJ considera "incontestable", además de "cierto y objetivamente acreditable de la forma más trágica y terrible, es que no hubo contraorden de no asesinarlo por parte" de los citados dirigentes de ETA. "Omitieron la contraorden de no matar a quien previamente había sido secuestrado y amenazado con ser asesinado siguiendo sus 'instrucciones' como ZUBA", añade.

El cerco de las víctimas a los autores intelectuales

Esta ofensiva iniciada por asociaciones de víctimas de la organización terrorista en la Audiencia Nacional ha cercado en los últimos meses a exjefes de ETA como los ya citados 'Mikel Antza' o 'Iñaki de Rentería' y a otros como a 'Josu Ternera', que se ven inmersos en investigaciones para tratar de determinar si son autores intelectuales de algunos de los asesinatos o ataques perpetrados por la banda.

Así, y aunque el tribunal ya condenó a tres personas como autores materiales del asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, el juez Alejandro Abascal investiga si 'Mikel Antza' e 'Iñaki de Rentería' fueron los encargados de dar la orden.

En esta línea, el propio 'Iñaki de Rentería' también se encuentra pendiente de pasar ante el juez, pero en esta ocasión el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, que acordó tomarle declaración junto a cerca de una docena de ex dirigentes etarras por el asesinato del juez Francisco Querol a causa de la explosión de un coche bomba el 30 de octubre del año 2000 en Madrid.