Repiten el juicio a tres etarras absueltos por el asesinato de Ignacio Pérez

La Audiencia Nacional vuelve a juzgar este lunes a los etarras Carmen Guisasola, Oscar Abad y Jose Ramón Martínez por el asesinato del policía Ignacio Pérez, en Galdakao en 1990, juicio que el Tribunal Supremo ordenó repetir con otros magistrados tras anular la sentencia que les absolvió de estos hechos.

La Sala de lo Penal adoptó esta decisión el pasado julio al coincidir con la Fiscalía, que recurrió la absolución, en que la Audiencia Nacional erró al aplicar la prescripción del delito para decretar la absolución sin tener en cuenta que quedaba interrumpida con una providencia del juzgado notificada en 1993, en la que solicitaba unas diligencias y un informe sobre diferentes procedimientos judiciales a petición del Ministerio Público.

Aquella resolución, a juicio del Supremo, interrumpía la prescripción de un procedimiento que "buscaba esclarecer un hecho delictivo atribuido a la organización terrorista ETA". "Era claramente expresiva de la voluntad jurisdiccional de continuar la investigación" en un momento en el que ya estaban "plenamente identificados y mencionaban en su reconocimiento a Carmen Guisasola como otra de las personas que había tenido participación en los hechos", estableció el alto tribunal.

El Supremo lamentó por ello que la Audiencia Nacional no hubiese motivado suficientemente ese cambio de criterio referido a la prescripción, argumento que compartió el magistrado Leopoldo Puente en el voto particular que emitió oponiéndose a la decisión de sus compañeros al discrepar con ellos en que la citada providencia tuviese eficacia para interrumpir la prescripción.

En su opinión, tenía un fin meramente "recopilatorio, preparatorio, casi burocrático", que perseguía proporcionar un listado de causas, y órganos que las instruyen, relacionadas con los hechos admitidos por dos investigados en sus declaraciones en sede policial.

Ahora la Audiencia vuelve a sentar en el banquillo a estos tres etarras, que tendrán que enfrentarse de nuevo a la petición del fiscal de que sean condenados a 30 años de cárcel cada uno por un delito de asesinato con finalidad terrorista en relación con este crimen.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que los acusados paguen indemnizaciones a diferentes afectados, entre ellos los tres hijos de la víctima.

En su escrito de acusación el fiscal sostiene que Óscar Abad y José Ramón Martínez accionaron el 30 de enero de 1990 un artefacto explosivo colocado en una bicicleta que habían dejado estacionada junto al vehículo del policía cuando este llegó al lugar, ocasionándole la muerte.

La información de las actividades cotidianas del policía y la bicicleta con el artefacto explosivo -añade el escrito- les fueron proporcionadas por la ahora arrepentida Carmen Guisasola y el etarra ya condenado por varios delitos Julián Achurra Egurola, alias Pototo.