Euskadi tiene asignados 22,3 millones de euros procedentes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para llevar a cabo una transformación de la Administración de Justicia en la comunidad.



El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha presentado este miércoles en Vitoria las líneas maestras del Plan Justicia 2030 y se ha reunido con la Asociación de Municipios Vascos-Eudel para tratar la posibilidad de implementar un proyecto piloto en una localidad de Euskadi para convertir los juzgados de paz, hay 237 en Euskadi, en oficinas judiciales, algo que ya se está desarrollando en otras comunidades.



Las Oficinas de Justicia municipales se enmarcan dentro de la ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, que se encuentra en su fase final de tramitación parlamentaria, y sustituirán a los jueces de paz, con más prestaciones.



Desde ellas se podrán obtener los certificados que se expiden desde la Gerencia Territorial, habitualmente ubicadas en las capitales de provincia, y la sede digital del Ministerio. También será posible hacer gestiones del Registro Civil y concertar citas previas en juzgados.



Rodríguez ha puesto como ejemplo que con la puesta en marcha de estas oficinas un vecino del Valle de Ayala, en Álava, no tendrá que desplazarse a Vitoria a hacer trámites con la justicia, que los de Idiazabal no tendrán que ir a San Sebastián y los de Meñaka a Bilbao.



Rodríguez ha explicado que este plan 2030 va a llevar a cabo una transformación de la Justicia que no tiene "vuelta atrás" que, entre otras cosas, tratará de cambiar la opinión de los ciudadanos de que la Justicia es "lenta y cara".



El Gobierno pretende con este plan ofrecer un servicio más eficiente y una reducción de los tiempos, entre otros objetivos, para lo cual pone 470 millones de euros de recursos que se gestionarán desde la "cogobernanza" con las comunidades autónomas con las que hay "consenso".



Ha dicho que en Euskadi la implantación del plan se ha acometido en un 40 %, por debajo del 60 % de otras comunidades, pero se ha mostrado convencido de que el Gobierno Vasco va a hacer un "esfuerzo" para su expansión.



Además, el secretario de Estado ha hecho entrega de una medalla de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales en Álava, Susana Jodra, en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno del País Vasco.



La condecoración reconoce a quienes contribuyen o han contribuido, desde la excelencia, al desarrollo del derecho. "La labor de los graduados y graduadas sociales es imprescindible para un servicio público de calidad", ha destacado Rodríguez.