Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, Euskadi se coloca entre las cinco comunidades donde ha aumentado la okupación de viviendas. Entre enero y agosto se ocuparon en la Comunidad Autónoma Vasca un total de 186 viviendas, lo que supone un 9,4% más que en mismo periodo del año anterior, cuando se produjeron 170 infracciones de este tipo.
Junto al País Vasco, las okupaciones han crecido en Asturias, Canarias, Cantabria y Galicia y, pese al descenso del 14,3% en relación a 2022, Cataluña sigue a la cabeza con 4.218 okupaciones hasta el mes de agosto.
Las estadísticas del Ministerio del Interior no hacen distinción entre los dos tipos penales de este delito. Por una parte, el delito de allanamiento de morada, que corresponde a los casos en los que se okupa de forma ilegal una casa que es la vivienda habitual o segunda vivienda de una persona. Por otro lado, existe el delito de usurpación, que hace referencia a aquellos casos en los que se okupa un espacio deshabitado desde hace tiempo.
Errekaleor
Precisamente este 2023 se han cumplido 10 años desde que el barrio de Errekaleor, en Vitoria-Gasteiz, fuese okupado. En 2013, un grupo de estudiantes okupó uno de los bloques "con el objetivo de revitalizar el barrio y la comunidad" y, actualmente, unas 150 personas viven en estas viviendas de propiedad municipal. Desde el barrio reivindican la okupación "como alternativa a la especulación inmobiliaria" y dicen que actúan de esta manera para "dar una respuesta a una necesidad básica que no se cubre".
Un ejemplo de okupación ilegal, donde han creado su propio espacio con zonas comunes, instalaciones y actividades. Por su parte, el Ayuntamiento de Vitoria reitera su firme postura de "no apoyar la okupación ilegal de viviendas en el municipio".
Errekaleor / CV
Bizigune, programa público de alquiler
Pese a que Euskadi es la segunda comunidad donde más se ha logrado reducir el número de viviendas vacías, todavía quedan 70.000. Por eso, el Gobierno vasco ha puesto en marcha el programa de vivienda vacía Bizigune, que tiene como objetivo la captación de pisos desocupados para su puesta en alquiler protegido. Su finalidad es dar uso social a las viviendas deshabitadas para facilitar el acceso a una vivienda a precio asequible para aquellas personas cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder al mercado libre.
El propietario de una vivienda vacía la pone a disposición de Alokabide —Sociedad Pública del Gobierno vasco— a través de un contrato de usufructo a cambio de una serie de garantías establecidas. Así, Alokabide adjudica la vivienda a un solicitante inscrito en el Servicio Vasco de Vivienda (Etxebide) que abona un alquiler proporcional a sus ingresos.
Asimismo, este 2023, el área de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao inauguró la Oficina de Atención Ciudadana de Vivienda para que, todas aquellas personas que disponen de una vivienda vacía en la capital vizcaína, puedan recibir asesoramiento para incorporarlas al mercado de alquiler. "Con esta iniciativa se pretende dar un nuevo impulso para movilizar la vivienda vacía en Bilbao y que deje de ser un recurso habitacional fuera de uso y se incorpore a la oferta de pisos de alquiler de la Villa", señalaba en el mes de marzo el concejal de Vivienda, Jon Bilbao.