El Tribunal Superior vasco ha desautorizado al juez que anuló el del polémico plan urbanístico de Mungia y ha avalado el proyecto de urbanización. El alto tribunal considera que no se imponen el doble de cargas urbanísticas, pese a que el Ayuntamiento ha comunicado a los vecinos ese incremento, y que no es necesario un informe de impacto ambiental al no tratarse de “una zona ambientalmente sensible”, en contra de lo que sostiene la Diputación de Bizkaia.

Como ha informado este blog, la polémica del plan de Larrabizker reside en las cargas impuestas por el ayuntamiento, los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace casi 30 como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de una nueva urbanización en los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un dato que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se incrementó hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial subían hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

El pasado 26 de mayo, justo el día anterior a las elecciones municipales, el Ayuntamiento de Mungia volvió a incrementar, mediante un decreto de alcaldía, las cargas urbanísticas. Elevó los costes en casi 450.000 euros, por lo que ya sumarán más de 2,5 millones para los afectados de Larrabizker.

El decreto suponía que estos vecinos tengan que pagar el 23,45% del total de costes y pasaba por alto tres sentencias judiciales que dictaminaban que solo debían abonar un 11,50%.

Uno de estos fallos fue dictado en 2022 por el juzgado 5 de lo contencioso administrativo de Bilbao, que declaró nulo el proyecto de urbanización de Larrabizker. Argumentó que el incremento del cobro de las incumple las propias normas urbanísticas del municipio de Mungia. A ello añadía que el proyecto de urbanización carece del preceptivo trámite de información pública.

El Tribunal Superior vasco, en un fallo dictado el pasado 29 de noviembre, desautoriza la sentencia del juzgado bilbaíno. Señala que el proyecto de urbanización proyecto de urbanización “no altera” las normas urbanísticas de Mungia que limitan las cargas al 11,50%. Agrega, de manera confusa, que “no determina derechos y obligaciones sino que, más limitadamente, define las obras necesarias y su coste aproximado a efectos de su ejecución”. Unos costes que, según la documentación enviada por el Ayuntamiento a los afectados, elevan las cargas al 23,45%.

El Superior también rechaza la necesidad de un estudio de impacto ambiental al argumentar que no existen zonas medioambientales sensibles. El alto tribunal obvia un detallado informe del área de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación de Bizkaia, que ha detectado importantes ilegalidades medioambientales y problemas de inundabilidad en una veintena de parcelas de Larrabizker. Tres técnicos señalan que hay daños a una especie protegida como el visón europeo, la ejecución de un vertido al río sin autorización o la existencia de zonas inundables en una superficie total de 2,4 hectáreas.

De hecho, las instituciones europeas han abierto una investigación sobre la falta de un estudio específico de impacto ambiental. El Parlamento europeo ha admitido la denuncia presentada a principios de año por los vecinos y ha encargado una investigación preliminar a la Comisión Europea.