El Ayuntamiento de Zamudio ha anulado, diez años después, el decreto municipal que propició el  acoso continuado que sufre un vecino por parte del Consistorio desde hace 18 años.  La orden municipal, dictada en 2014, ordenó el derribo de unas estacas en la propiedad del residente, pese a que esta actuación ya motivó unos antes la condena de la entonces alcaldesa Sorkunde Aiarza (PNV), quien tuvo que dejar el cargo tras ser inhabilitada.

El afectado es José María Zarate, quien desde la década pasada sufre la persecución del ayuntamiento por la colocación de unas simples estacas en su propiedad.

Los palos fueron derribados ilegalmente en 2006 por la exalcaldesa Sorkunde Aiartza. Por esa decisión, fue condenada por los tribunales por prevaricación e inhabilitada durante nueve años para cualquier cargo público al haber ordenado el derribo “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”, y las estacas tuvieron que reponerse.

Pero el acoso prosiguió. Las dos sentencias judiciales que condenaron en 2011 a la exalcaldesa fueron incumplidas por el ayuntamiento de Zamudio, que hasta tres años después, en 2014, no aprobó la licencia de obras y la recolocación de las estacas. Entonces, el vecino repuso los palos en su propiedad.

Sin embargo, meses después, el anterior alcalde Igoitz López informó a Zarate que el conflicto continuaba abierto “a instancias de varios vecinos” y ordenó la nueva retirada de las estacas en un decreto. A día de hoy, diez años después, el consistorio sigue sin facilitar la licencia de fin de obra.

Otra anomalía es que el decreto de 2014 fue una resolución “fantasma”, ya que no se notificó al vecino hasta tres años después. De hecho, según las declaraciones en los pleitos judiciales de este caso, ese decreto de 2014 no ha tenido la preceptiva firma del secretario municipal.

La anulación de la orden, diez años después, fue firmada el pasado 26 de enero por el actual alcalde Lander Aretxabaleta. La razón esgrimida son las dudas sobre la decisión tomada en 2014. “Alberga al menos algún umbral de duda que debe ser despejado”, señala el ayuntamiento.

El Consistorio se refiere a la titularidad del camino donde están las estacas. En su estrategia de acoso al vecino, ha querido demostrar que el camino es público (con la intención final de derribar los palos),cuando las sentencias judiciales que condenaron a la exalcaldesa Sorkunde Aiarza señalaban que es un camino de titularidad privada, algo también ratificado en el catastro.

Desde 2018, el Consistorio ha abierto varios expedientes sobre el camino y finalmente en 2020 aprobó declararlo como público. Solo en las gestiones para dicha declaración, el Ayuntamiento se había gastado hasta finales de 2018 más de 12.500 euros, según certificó entonces el interventor municipal.

El vecino ha recurrido a los tribunales y dos sentencias ya le han dado la razón, en 2022 y 2023. La última fue sobre el decreto “fantasma” de 2014 y el juez reprochó al Consistorio que acudiera a la Justicia, puesto que la revocación del decreto la podía ejecutar el propio ayuntamiento sin permiso judicial. Incluso apuntaba a que el decreto podría ser ilegal en una frase que aparece subrayada en la sentencia: “Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que la cuestión pueda ser analizada desde la perspectiva de la revocación de actos si se dieran los requisitos para ello”