El Ayuntamiento de Amorebieta impulsa desde hace mas de 20 años un plan urbanístico que ha sido declarado ilegal por la Justicia y que deja sin viviendas a 6 familias. La operación, en pleno centro del municipio, sigue bloqueada porque la promotora continúa sin pagar indemnizaciones acordadas hace ya cuatro años.

Las viviendas, habitadas por familias obreras, están en la calle San Pedro, a pocos metros de la escultura conocida como La patata y la operación afecta al número 12, el 10 (que está deshabitado) y otros solares vacíos. El planeamiento urbanístico de Amorebieta, aún vigente, preveía construir 50 nuevas viviendas en esa área.

Hace ya tres décadas, a finales de los 90, el ayuntamiento dirigido entonces por David Latxaga (PNV) planteó, sin contar con los vecinos que vivían en la casa y que no querían especular, aumentar el número de viviendas a 67. Para ello, el Consistorio aprobó una modificación puntual de las normas subsidiarias de Amorebieta para la edificación de viviendas nuevas que ahora tendrían un precio de 300.000 euros cada una.

Las familias del único edificio habitado pidieron entonces que, dadas las plusvalías que generaba la operación, se les garantizara unos realojos justos en forma de nuevas viviendas. El Consistorio les remitió a una promotora, Inverlan, para pactar esos realojos. Se llegó a un pacto genérico pero la empresa quebró.

Sin embargo, el ayuntamiento siguió con la operación, lo que supuso que el edificio de los afectados quedara fuera de ordenación.

Los vecinos llevaron a los tribunales el plan urbanístico y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les dio la razón. En una sentencia dictada en diciembre de 2011, el Superior declara nulo el plan por la ausencia de zonas verdes, viviendas protegidas o la falta de un estudio financiero.

La anulación del plan molestó sobremanera el Consistorio, que durante los siguientes años amenazó a las familias con la habilitación de un área verde en la zona y que los afectados se quedaran en un alquiler de viviendas sociales.

A finales de la pasada década, el Ayuntamiento remitió a los vecinos a otra constructora, Vusa. Esta promotora les transmitió que acometería el plan si los vecinos no lo impugnaban. Los afectados exigieron realojos y compensaciones para las familias que se fueran.

En 2020, ambas partes firmaron ante notario el pago de una cantidad por familia de cerca de 240.000 euros, el 75% de lo que cuesta una vivienda actualmente en Amorebieta. El acuerdo suponía una indemnización a los vecinos en caso de retrasos.

El 15 de julio de 2022, el pleno del Ayuntamiento de Amorebieta aprobó de forma definitiva el plan urbanístico (publicado en el Boletin Oficial de Bizkaia del 29 de septiembre de 2022) de esa área, que, sorprendentemente, es idéntico al anulado en 2011 por el Tribunal Superior vasco.

Entonces surgió otro problema, ya que parte de los suelos eran de un promotor local, que estaba enfrentado a Vusa. La consecuencia es que el proyecto tenía que haber empezado en 2022 y los vecinos siguen sin cobrar a día de hoy las indemnizaciones.

Únicamente, debido al acuerdo firmado en 2020 con Vusa, reciben desde diciembre de 2022 una cantidad mensual de 9.000 euros para las 6 familias por el retraso en el pago de las indemnizaciones.

A principios de este año, la constructora Vusa comunicó a los afectados que iba a vender la promoción a otra empresa, Arrasate, con lo que sería el tercer acuerdo para resolver este entuerto. Pero el asunto sigue bloqueado. En abril falleció el presidente de los vecinos afectados, quien ha sido el líder en esta lucha de más de 20 años en defensa de sus hogares.

Mientras, el ayuntamiento ha seguido con los pasos para desarrollar el proyecto. El pasado 2 de mayo aprobó el plan de reparcelación (el paso previo para el derribo de los edificios), que se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia del 13 de mayo.

Es incomprensible lo que ocurre con 6 familias de Amorebieta, que desde hace más de 20 años sufren la incertidumbre de quedarse sin su vivienda. El Ayuntamiento de Amorebieta se ha desinhibido de un plan que ha promovido para derribar su edificio y construir 67 pisos nuevos, que encima ha sido declarado ilegal por la Justicia. Les aboca a buscar acuerdos con una promotora y, si no, mandarles a un alquiler social. No parece que es lo más adecuado en una administración que debe velar por sus vecinos.