Foro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi / LUIS TEJIDO - EFE

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Sociedad

Azpeitia aprueba el canon a las viviendas vacías para fomentar el alquiler

M. A. Lertxundi
Publicada

El Ayuntamiento de Azpeitia ha anunciado que aplicará un canon de 10 euros por metro cuadrado al año a las viviendas que llevan dos años sin estar habitadas con el objetivo de favorecer el mercado del alquiler. Será el primer municipio en aplicar esta medida para fomentar que los propietarios arrienden los pisos que no usen recogida en la ley de vivienda.

La alcaldesa de la localidad guipuzcoana, Nagore Alkorta, el concejal Joanes Amenabar y el responsable técnico de Azpeitia Berritu, Iñaki Zabaleta, han presentado este viernes la iniciativa, ha informado el consistorio azpeitiarra en un comunicado.

La próxima semana comenzará el envío de cartas a los propietarios de las casas vacías que se iniciará por las "más nuevas y las que cuentan con ascensor", explica.

Recuerda que la Ley de Vivienda vasca de 2015 establece que "si una vivienda está deshabitada durante dos años consecutivos, y siempre que no existan causas justificadas determinadas por la norma, no cumple su función social y se permite a los ayuntamientos iniciar la declaración de vivienda deshabitada".

Plaza del Ayuntamiento de Azpeitia / EUROPA PRESS

Plaza del Ayuntamiento de Azpeitia / EUROPA PRESS

Perjudica al pueblo

"Esto es lo que va a hacer el Ayuntamiento de Azpeitia porque creemos que las casas vacías perjudican a todo el pueblo ya que disminuyen la oferta, encarecen los precios y se degradan los barrios", ha señalado Alkorta.

Para la elaboración de la relación de viviendas deshabitadas el consistorio ha adoptado los criterios establecidos en el Decreto 149/2021 como los bajos consumos de agua, gas y electricidad, entre otros.

En Azpeitia existen 563 casas vacías, mientras el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide, cuenta con 553 solicitudes de alquiler para este pueblo, a las que se suman las que se cursan en el mercado libre, explica el consistorio.

Alkorta ha enmarcado el plan en la "responsabilidad de las administraciones públicas para garantizar a los ciudadanos el derecho a utilizar viviendas dignas y adecuadas".