El Ayuntamiento de Zamudio ha admitido por vez primera, tras 20 años de acoso continuado a un vecino, que no hay motivos para el derribo de unas simples estacas. Así aparece en la contestación a la demanda de la familia de Zamudio que impulsa el hostigamiento durante las dos últimas décadas contra José María Zarate. La denuncia se tramita en un juzgado de Bilbao en contra de la anulación, por parte del Consistorio, de un decreto de hace 11 años que propició el acoso al vecino.
La orden municipal, dictada en 2014 y anulada hace más de un año, ordenó el derribo de unas estacas en la propiedad del residente, pese a que esta actuación ya motivó unos antes la condena de la entonces alcaldesa Sorkunde Aiarza (PNV), quien tuvo que dejar el cargo tras ser inhabilitada.
El afectado es José María Zarate, quien desde la década pasada sufre la persecución del ayuntamiento por la colocación de unas simples estacas en su propiedad.
Los palos fueron derribados ilegalmente en 2006 por la exalcaldesa Sorkunde Aiartza (PNV). Por esa decisión, fue condenada por los tribunales por prevaricación e inhabilitada durante nueve años para cualquier cargo público al haber ordenado el derribo “a sabiendas de su manifiesta ilegalidad” y de “forma arbitraria”, y las estacas tuvieron que reponerse.
Pero el acoso prosiguió. Las dos sentencias judiciales que condenaron en 2011 a la exalcaldesa fueron incumplidas por el ayuntamiento de Zamudio, que hasta tres años después, en 2014, no aprobó la licencia de obras y la recolocación de las estacas. Lo hizo después de un tirón de orejas de la Audiencia de Bizkaia, que advirtió al ayuntamiento de «renuencia o entorpecimiento injustificado en la concesión de la licencia [para reponer las estacas] al recurrir a argumentos ya rechazados» Entonces, el vecino pudo reponer los palos en su propiedad.
Sin embargo, meses después, el anterior alcalde Igoitz López informó a Zarate que el conflicto continuaba abierto “a instancias de varios vecinos” y ordenó la nueva retirada de las estacas en un decreto. A día de hoy, diez años después, el consistorio sigue sin facilitar la licencia de fin de obra.
Otra anomalía es que el decreto de 2014 fue una resolución “fantasma”, ya que no se notificó al vecino hasta tres años después. De hecho, según las declaraciones en los pleitos judiciales de este caso, ese decreto de 2014 no ha tenido la preceptiva firma del secretario municipal.
La anulación de la orden, diez años después, fue firmada hace más de un año (el 26 de enero de 2024) por el actual alcalde Lander Aretxabaleta, del PNV igualmente. La razón esgrimida fueron las dudas sobre la decisión tomada en 2014. “Alberga al menos algún umbral de duda que debe ser despejado”, señala el ayuntamiento.
El Consistorio se refiere a la titularidad del camino donde están las estacas. En su estrategia de acoso al vecino,ha querido demostrar que el camino es público (con la intención final de derribar los palos), cuando las sentencias judiciales que condenaron a la exalcaldesa Sorkunde Aiarza señalaban que es un camino de titularidad privada, algo también ratificado en el catastro.
Desde 2018, el Consistorio ha abierto varios expedientes sobre el camino y finalmente en 2020 aprobó declararlo como público. Solo en las gestiones para dicha declaración, el Ayuntamiento se había gastado hasta finales de 2018 más de 12.500 euros, según certificó entonces el interventor municipal.
El vecino ha recurrido a los tribunales y dos sentencias ya le han dado la razón, en 2022 y 2023. La última fue sobre el decreto “fantasma” de 2014 y el juez reprochó al Consistorio que acudiera a la Justicia, puesto que la revocación del decreto la podía ejecutar el propio ayuntamiento sin permiso judicial. Incluso apuntaba a que el decreto podría ser ilegal.
La anulación del decreto “fantasma” por el Ayuntamiento no gustó nada a la familia que inició el acoso hace dos décadas. En enero presentó una demanda ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao en el que acusaba al ayuntamiento de “desviación de poder” y “dejación de funciones”.
En su respuesta a la demanda, en un escrito de 165 folios fechado el pasado 20 de febrero, el Ayuntamiento rechaza que el camino donde están las estacas sea público, en contra de la propia declaración aprobada en 2020 por el Consistorio. “Ha quedado patente, desgraciadamente, que no existe ninguna resolución que avale la naturaleza del camino Uxina, que de momento está en el limbo, y por ello no puede ordenarse una retirada de unos elementos en base a una demanialidad de un camino no acreditada”. Agrega que, desde que el propio ayuntamiento inició la investigación del camino con el objetivo último de derribar las estacas, “se ha sometido al Consistorio a un via crucis que entiende esta parte no es normal”.
En sus alegaciones, destacan también las continuas referencias a la sentencia de 2010 que provoco la inhabilitación de la entonces alcaldesa Sorkunde Aiarza (que fue recolocada por el PNV poco después como directora del Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao), un fallo al que apenas se ha referido el ayuntamiento en la sucesión de pleitos judiciales de la última década. Y, agrega, con esta nueva actitud, persiguen “seguir con la legalidad y las cuestiones fijadas por la sentencia penal”.
Parece (aunque habrá que confirmarlo) que el Ayuntamiento de Zamudio recula en este espérpentico caso de acoso a un vecino que dura ya 20 años, por la simple colocación de unas estacas en su propiedad. Ya no ve motivos para el derribo y se “acuerda” de que el caso supuso la inhabilitación, hace 14 años, de la entonces alcaldesa. Llama la atención de que hable de haber sufrido un “via crucis” cuando ha sido parte activa en una persecución de un ayuntamiento a un vecino pocas veces vista en Euskadi.