Zenaida despegó de El Salvador y aterrizó en Euskadi en abril de este año. Su partida ha estado marcada por la preocupación al pasar por una situación difícil en su país y vuelve a las andadas cuando se enfrenta al panorama de trabajo e inmobiliario vasco.
Pese a que el territorio vasco le concedió el RGI (Renta de Garantía de Ingresos), la abogada salvadoreña todavía no puede trabajar hasta el 11 de diciembre, que es cuando tiene autorizado comenzar. De lo que no puede ejercer es de lo suyo, abogacía, ya que no cuenta con la homologación, así que Zenaida ha buscado otra alternativa y está estudiando Informática.
"Hay ya que adaptarse a la realidad y tendría que buscar una opción con algunas organizaciones con las que he trabajado en El Salvador, he hablado de escribir algún documento o de contribuir en alguna investigación", explica para CRÓNICA VASCA. "Estoy estudiando Informática para actualizar contenido en El Salvador, no necesitas tanto a diferencia de aquí en España, que todo se hace de manera virtual, aquí todo se necesita hacer vía telemática", añade.
Una dificultad añadida
Mientras tanto, hasta que consiga la autorización y un trabajo para ejercer de informática, se dedica a trabajar por horas y en negro, como muchos migrantes que no disponen de su permiso. Pero el costo de vida en Euskadi no es barato y con un trabajo en negro y con sus condiciones, la salvadoreña se ve sumergida en un círculo vicioso de desesperación.
Zenaida, a veces, no puede ni tomarse un café tranquilamente sin pensar en todos los obstáculos a los que se tiene que enfrentar: "Ganar el salario mínimo implica que te prives de todo y este llega a 1.200 euros si trabajas a tiempo completo y, si no, consigues 600 u 800 euros al mes".
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, alcanza hoy los 1.184 euros en 14 pagas, según señala el Servicio Público de Empleo Estatal. Sin embargo, Zenaida ni siquiera tiene acceso al SMI porque todavía no tiene la autorización de trabajo.
Piensa en lo poco que percibe al mes y en que no le llega ni siquiera para poder conseguir una vivienda en alquiler: "La vivienda es carísima, un piso con una habitación cuesta 500 o 600 euros y nosotros necesitamos un piso con dos habitaciones porque las chicas necesitan un espacio para ellas. Los alquileres no bajan de 700 u 800 euros".
En estos momentos, ella reside con su familia en un centro que comparte con otras personas migrantes. A su situación, además, se le añade una barrera que tiene que enfrentar: el racismo. "Cuando cuentas que estás en un espacio en el que vives con más migrantes, hasta a mis hijas les hacen sentir incómodas en la escuela, es muy fuerte", lamenta.
El racismo inmobiliario también es frecuente, una traba invisible que los extranjeros deben esquivar a diferencia de los locales. "Cada rechazo es duro porque no puedes encontrar un espacio para salir y cambiar la situación". Zenaida ha recibido tres negativas y sigue intentando salirse del espacio en el que está para conseguir un poco de privacidad. Recuerda sentirse muy cuestionada e intentar afrontar todos los requisitos que le pedían.
"Dices que eres de El Salvador y que tienes el padrón y el RGI aprobado y te dicen que no es garantía", confiesa. "Aunque les expliques, se lo piensan y ya no te llaman. Desde que dices que eres solicitante de asilo, hasta el tono con el que te hablan cambia".
"Cuando empiezan a pedir requisitos a uno le piden todo, como cuánto tiempo lleva empadronado y por qué vino aquí, preguntan cosas que no son en torno a la vivienda y también parece que quieren que les muestres la cuenta bancaria, hay que dejarle un mes pagado a la inmobiliaria, dos meses para la fianza y un mes por adelantado, ¿cómo haces para reunir eso?", se pregunta.
Tal y como expone el movimiento social Sos Racismo Bizkaia en su informe Racismo Inmobiliario en Bizkaia: Discriminación hacia personas Gitanas, Migradas y/o Racializadas en el acceso a la Vivienda en Bizkaia, el acceso a la vivienda digna se encuentra condicionado por un conjunto de factores económicos, sociales, legales y culturales, y la entrega de llaves a las personas extranjeras no depende solo de "criterios económicos".
Las prácticas discriminatorias por fenotipo, situación administrativa u origen son "frecuentes y normalizadas en el mercado inmobiliario". Las inmobiliarias o los propietarios las expresan mediante rechazos directos, exigencias desproporcionadas, un trato degradante y una "sistemática preferencia por personas blancas y nacionales".
Automáticamente, las personas físicamente "racializadas" actúan como filtro de exclusión que "opera incluso sobre quienes cuentan con documentación regular o estabilidad económica". Prácticas que acaban teniendo un impacto en la salud mental de las personas migrantes. "Muy pocos tienen empatía, es revictimizante porque ya vienes de una situación complicada que te agobia y encontrar piso es emocionalmente agotador", asegura Zenaida entre lágrimas.