Entidades sociales y pro-paz reclaman el respeto al derecho internacional como base para la conciliación y la protección de la población civil

En un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, la proliferación de conflictos armados y el debilitamiento de los mecanismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil y entidades especializadas en paz y derechos humanos coinciden en señalar el respeto al derecho internacional como un pilar imprescindible para la protección de la población civil y la construcción de una paz duradera.

Desde la Fundación Mundial de la Felicidad, su fundador y presidente, Luis Miguel Gallardo, subrayó que el cumplimiento de las normas internacionales va mucho más allá de una cuestión técnica o diplomática: “Respetar el derecho internacional no es una preferencia política abstracta. Es una declaración de que toda vida humana importa. Es la negativa a permitir que el sufrimiento se convierta en política”.

Gallardo alertó de que “cuando se viola el derecho internacional, ocurre algo sutil, pero catastrófico: el cinismo crece, la gente deja de creer en la justicia y deja de creer que la cooperación es posible”. Frente a esta deriva, Gallardo defiende una concepción activa de la paz: “La paz no es la ausencia de guerra; es la presencia de integridad. La paz no es pasiva. La paz no es ingenua. La paz no es rendición”.

En la misma dirección, Pablo Martínez Osés, responsable de cooperación internacional de Oxfam Intermón, advierte de que “vivimos en un momento donde converge una crisis existencial del sistema multilateral y la falta de voluntad de quienes tienen capacidad de abordar y resolver conflictos”. Ante las reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario, Oxfam Intermón reclama que los actores internacionales den un paso al frente y un compromiso renovado del Derecho Internacional y el refuerzo de su aplicación, promoviendo resoluciones, mecanismos de investigación y de rendición de cuentas que respalden a las víctimas y sostengan la presión política.

Amnistía Internacional España pone el foco en la creciente criminalización de la protesta y del activismo, así como el deterioro de la libertad de prensa. Según datos de su último informe Disidencia en juicio, en los últimos doce meses se han registrado más de 140 protestas antigubernamentales relevantes en todo el mundo, muchas de ellas reprimidas mediante desinformación, persecución judicial y violencia. Según CIVICUS, más del 72% de la población mundial vive en países donde la movilización social está perseguida o reprimida, y alerta que normalizar estos retrocesos democráticos es “la antesala de los actos violentos”, una responsabilidad que interpela a autoridades, medios de comunicación y ciudadanía.

Desde el ámbito académico, Josep Maria Royo, investigador de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que la comunidad internacional debe reforzar “todo el andamiaje vinculado al derecho internacional y el derecho internacional humanitario”, además de promover el desarme, la resolución pacífica de controversias y el empoderamiento ciudadano. Royo advierte del riesgo de normalizar la violencia y la ley del más fuerte como soluciones, y alerta de la progresiva deshumanización de las víctimas.

Fundipau, organización especializada en la promoción de la cultura de paz, alertan que ni la paz ni la democracia pueden darse hoy por garantizadas y reclama acciones coordinadas para fortalecer el Derecho Internacional, impulsar la reforma y democratización de las Naciones Unidas, regular estrictamente el armamento y avanzar hacia la seguridad humana. Fundipau identifica entre los principales peligros actuales el aumento militar, la normalización de la violencia y la polarización alimentada por el discurso de odio, y recuerda que “la paz es un proceso activo que depende la implicación de todos”.

Una visión crítica sobre el funcionamiento del sistema multilateral es la que aporta Carlos Villán, presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH). Villán sostiene que la ONU atraviesa una grave crisis de relevancia y reclama una refundación profunda de la organización “con criterios más democráticos”, mayor participación de la sociedad civil y mecanismos ejecutivos que garanticen el cumplimiento del derecho internacional. Desde AEDIDH expresan además una profunda preocupación por la carrera armamentística y la proliferación de conflictos armados, que “llevan a la humanidad y al planeta a su autodestrucción”, y subrayan la necesidad de que la ciudadanía se empodere y reclame la paz como un valor universal irrenunciable.

Distintas voces coinciden en un diagnóstico común: la paz no puede sostenerse sin derecho internacional, sin instituciones legítimas y sin una ciudadanía activa. Un mensaje compartido que sitúa a la sociedad civil como actor clave frente a la normalización de la violencia y la erosión de los derechos humanos.