Aia, Gipuzkoa
El Supremo ratifica el derribo de una edificación en un caso similar al casoplón de 11 baños
La sentencia del Supremo, que debe pronunciarse sobre el palacete de Aia, condena además a un alto cargo público, un alcalde de una localidad de Madrid
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El Tribunal Supremo ha ratificado el derribo de una edificación en un caso similar al del casoplón de 11 baños en Aia (Gipuzkoa), cuya demolición fue ordenado hace año y medio por el Tribunal Superior vasco. La sentencia del Supremo, que debe pronunciarse sobre el palacete de Aia, condena además a un alto cargo público, un alcalde de una localidad de Madrid.
Lo más significativo del fallo, dictado el pasado 26 de febrero, es que fija la demolición de un edificio como una decisión lógica cuando se incumple la ley. En la práctica, la inmensa mayoría de pisos o chalets construidos ilegalmente (y con sentencias firmes) se han mantenido en pie por los perjuicios económicos para ayuntamientos o afectados. “La reparación en la modalidad de demolición de la construcción ha de ser, por ello, en principio, la regla”, dice en cambio el Supremo.
“En principio”, agrega el fallo, “es suficiente la comisión de un delito contra la ordenación del territorio unido a la permanencia de la obra infractora para acordar la restauración del orden quebrantado a través de la demolición. Lo excepcional será que se aprecien circunstancias que empujen a apartarse de esa regla prioritaria”.
El caso analizado por el Supremo es el de la construcción de un cobertizo en un suelo no urbanizable de especial protección (como el caso del casoplón de 11 baños) en la localidad madrileña de La Acebeda en 2014. Un juzgado de lo penal de Madrid condenó en 2023 al alcalde de un delito de prevaricación por permitir la construcción en contra de los informes de la secretaria y el arquitecto municipales, pero sin ordenar la demolición. Meses después, la Audiencia de Madrid modificó la sentencia incluyendo el derribo y ordenaba al alcalde que pagase de su bolsillo el derribo.
En el fallo considera probado que el alcalde permitió la construcción ilegal “con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico”.
Así, se estrecha el cerco en el casoplón de 11 baños de Aia a los funcionarios y el entonces alcalde que lo autorizaron. En la sentencia de enero del pasado año del Tribunal Superior vasco, además de la demolición, se ordenó la apertura de un expediente sancionador urbanístico que afectaría tanto a los promotores como a los cargos y técnicos municipales que han intervenido.
En 2018 ya fueron como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización del palacete el ex alcalde de Aia desde 2003 a 2015 Igor Iturain (PNV), -quien ahora es el secretario municipal del municipio y quien debe aplicar la demolición- el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi (ya fallecido) y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. De hecho, fueron llamados a declarar en 2019. Pero, en otra muestra del esperpento ocurrido en este caso, debido a la inacción judicial, los plazos fijados expiraron y se anuló la toma de los testimonios, lo que luego llevó al archivo provisional de la investigación.
Transcurrido casi un año y medio de la contundente sentencia del Tribunal Supremo, la situación del casoplón 11 años está encallada por la lentitud judicial. Está pendiente del Tribunal Supremo, al que presentaron un recurso los afectados.
Como adelantó este blog, una juez progresista del Tribunal Supremo decidirá sobre la ratificación. En septiembre del pasado año, se nombró como instructora a la magistrada Ángeles Huete de Sande, que está asociada a Juezas y Jueces para la Democracia. Pero se desconoce cuando abordará el caso.
El Tribunal Superior vasco, en un fallo dictad el 17 de enero del pasado año, declaraba nulos hasta cuatro decretos y acuerdos del Ayuntamiento de Aia que autorizaron tanto la construcción como las obras de urbanización del casoplón en 2013, 2015 y 2017. La familia Garrastazu aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor:469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko y de la Diputación de Gipuzkoa.
En su sentencia, el Superior señalaba que hay un incumplimiento claro de la ley vasca de Suelo, ya que “la reconstrucción de los caseríos se debe llevar a término allí donde se encuentra la estructura edificada que permita identificarlos como tales”. En este caso, se sitúa a cerca de 200 metros. Pero tanto el ayuntamiento como los promotores han sostenido en todos los litigios judiciales que el hecho de ubicarse a esa distancia no lo invalida.
Los promotores se enfrentan a un perjuicio económico de casi 4 millones de euros. La multa se puede elevar a 2,4 millones, a lo que se agregan otros 150.000 euros del derribo y la restitución del terreno a su estado. El perjuicio se acercaría a los 4 millones de euros, con los 1,4 millones de euros que se calcula han costado las obras del palacete.
En estos diez años de pleitos se han conocido una quincena de irregularidades en este caso, desde el oscurantismo municipal, un rocambolesco expediente sancionador que se resolvió sin practicar pruebas y una licencia fantasma que apareció cinco años después hasta un informe de la Ertzaintza que confirmaba las irregularidades urbanísticas que fue obviado por un juzgado o los cinco imputados que quedaron exonerados por pararse la investigación judicial.
Además, el Tribunal Superior vasco tiene pendiente desde hace un año decidir sobre otra presunta ilegalidad del casoplón. En concreto, si el Ayuntamiento de Zarautz (colindante al de Aia) actuó ilegalmente a favor de palacete al conceder en 2015 la licencia de agua. El Consistorio se negó siquiera a debatir el asunto en junio de 2020 y una concejal del grupo de Podemos Equo Berdeak llevó el rechazo municipal a debatirlo a los tribunales. Es un tema que implica al entonces y todavía alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka (PNV), y un técnico municipal de Urbanismo.
