En las ultimas semanas han sido muchas las voces dentro de la política vasca que han pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, un adelanto electoral de las autonómicas, alegando que buena parte de su Ejecutivo está en las últimas y que el actual clima de conflictividad social es muestra de ello. Por ejemplo, el actual presidente del PP, Carlos Iturgaiz, denunció que Urkullu debe decidir entre convocar unos nuevos comicios o cambiar a aquellos miembros de su Gobierno que están "en la UVI de grandes quemados".
Uno de estos a los que se refirió Iturgaiz es el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, uno de los más afectados por el ambiente de descontento social. Bildarratz, en cosa de un par de semanas se ha enfrentado a tres huelgas relacionadas con su departamento: la del personal de la UPV/EHU el pasado 13 de octubre; la de la educación concertada entre el 17 y 19 de este mismo mes -que tendrá una réplica en diciembre-; y la de la educación pública del pasado 24 de octubre, solo un día antes de la gran huelga de la administración pública.
Ante todo esto, el consejero ha mostrado su claro descontento, e incluso ha dudado de la legitimidad de dichas movilizaciones asegurando que no les vía sentido alguno. Porque antes de hacer autocrítica, mejor echarle la culpa al resto. Y mientras, trata de acelerar todo lo posible los trámites parlamentarios para la ley de educación. Esta ya ha superado el debate sobre las enmiendas a su totalidad, y Bildarratz está haciendo todo lo posible por aprobarla antes de que termine el año. Sabe que el tiempo se acaba y que en 2024 todo el proceso se complicará mucho más. Poco le importa ya el descontento de aquellos partidos que en su día firmaron el pacto educativo (EH-Bildu y Elkarrekin Podemos-IU), y que gran parte de la comunidad educativa esté en su contra.