El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dicho esta semana una de las mayores barbaridades que se recuerdan en la política vasca. Con un "así de claro y así de crudo" por delante, el veterano líder de la izquierda abertzale afirmaba que el Estado no quería el final de ETA y, por ello, había encarcelado a los responsables de Bateragune, que eran él mismo, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto, Rafa Díez Usabiaga y Miren Zabaleta.
Estas declaraciones son tan burdas que, simple y llanamente, no hay por dónde cogerlas. Resultan ofensivas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para los jueces y fiscales, para los rivales políticos que vivían con escolta, para todas las víctimas del terrorismo y, por supuesto, para toda la ciudadanía de Euskadi. Es decir, para todos los que, al contrario que Otegi, hicieron frente al terror que ahogó la libertad en Euskadi.
Criticar ese juicio y sus condenas es legítimo, por supuesto, como también lo es censurar la intención del Tribunal Supremo de repetirlo ahora, tantos años después y cuando los acusados ya han cumplido las penas, pero no es ética ni políticamente aceptable decir una barbaridad como la que ha dicho el líder de Bildu
ETA generó mucho dolor durante cinco décadas. Batasuna y sus máscaras nunca condenaron eso, sino que sirvieron de sostén ideológico de semejante horror. Bildu rechaza el terrorismo, según sus estatutos, pero tampoco lo ha condenado nunca. Otegi, en su día condenado por secuestro como miembro de la banda, no se olvide, "admite el daño causado" pero ahora, a raíz de una sentencia que ni siquiera entra en el fondo del asunto -esto es, si Bateragune actuaba o no a órdenes de ETA-, se presenta como víctima y culpa al Estado de la permanencia del terror.
Es innegable que el 'caso Bateragune' ha perjudicado gravemente a Otegi y sus compañeros desde un punto de vista personal, porque han pasado años en la cárcel tras un juicio que, según el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, no fue justo por la imparcialidad de la jueza Ángela Murillo, de la Audiencia Nacional. Criticar ese juicio y sus condenas es legítimo, por supuesto, como también lo es censurar la intención del Tribunal Supremo de repetirlo ahora, tantos años después y cuando los acusados ya han cumplido las penas, pero no es ética ni políticamente aceptable decir una barbaridad como la que ha dicho el líder de Bildu. Así de claro, así de crudo.