Murillo: "Si hay que cerrar residencias, se cierran, no nos tiembla el pulso"

El diputado foral vizcaíno de Acción Social, Sergio Murillo, ha asegurado este jueves que a su departamento "no le tiembla el pulso" para tomar "medidas drásticas" como cerrar residencias de mayores si se constata que han cometido infracciones y ha remarcado que "la prioridad son los residentes".

"Si hay que cerrar, se cierra", ha sentenciado durante su comparecencia ante la comisión de Acción Social de las Juntas Generales al ser preguntado por las inspecciones de su departamento a este tipo de centros, y en concreto sobre el cierre cautelar de la residencia privada concertada Iñigo de Loyola, de Barakaldo, medida adoptada el pasado martes.

Según ha explicado, a petición del grupo de EH Bildu, dicho cierre se decidió después de que los inspectores constatasen "vulneraciones" como la sujeción de usuarios sin prescripción médica y sin notificarlo a los familiares, la contratación de personal sin la titulación necesaria y la falta de programación de actividades en el centro, entre otras.

Tras remarcar que las inspecciones constituyen una "garantía" para las personas mayores, Murillo ha detallado que el pasado 30 de julio se recibió una queja en relación a dicho centro por incumplimiento de determinados servicios sociales y la Diputación abrió un expediente a la vez que reclamó información a los gestores del centro geriátrico.

Ante las respuestas "genéricas" obtenidas, el 12 de septiembre se ordenó una inspección, que se practicó el 14 de septiembre, fecha en la que los inspectores constataron "fallos" y pidieron documentación al centro. El 8 de octubre se registró otra inspección y se observaron "vulneraciones" que se pusieron en comunicación de los familiares de los usuarios del centro.

Desde el 8 de octubre, y "ante la falta de respuesta" de la residencia a las peticiones del organismo foral, se llevaron a cabo inspecciones diarias hasta que el 12 de octubre se decidió la suspensión cautelar de su licencia. Hoy mismo, se ha practicado otra inspección para certificar que el centro está cerrado, según ha informado Murillo.

Según informa Efe, el titular de Acción Social ha defendido la actuación del servicio de inspección de su departamento y ha destacado que durante los nueve primeros meses de año han llevado a cabo un total de 152 inspecciones oficiales a residencias de mayores, de las cuales 69 se realizaron por una orden, cinco por denuncia y 78 por oficio.

Dicho número se asemeja a las inspecciones registradas durante todo el año 2018 o 2019, por lo que se prevé que para finales de este año sobrepase hasta en un 20 % a las cifras alcanzadas los citados años pre-pandemia. Murillo ha asegurado que la tendencia es seguir ese incremento en el número de inspecciones en los próximos años.

Por parte de la oposición, Izaskun Duque (EH Bildu) ha incidido en que los trabajadores trasladan a esta coalición que las inspecciones se llevan a cabo "con pre-aviso", lo que ha sido rechazado por Murillo; mientras que Héctor Fernández Medrano (Elkarrekin Bizkaia) ha opinado que "no se está haciendo lo suficiente", y Eduardo Andrade (PP) ha expresado su apoyo al cierre de Iñigo de Loyola.

Los representantes del equipo de gobierno, integrado por PNV y PSE/EE, también han mostrado su apoyo al diputado y han remarcado que se ha demostrado que las inspecciones "funcionan".