Silencio en las administraciones implicadas en las licitaciones del 'cártel' de las consultoras

De momento, silencio. Esa es la premisa que se ha impuesto en las administraciones públicas implicadas en las licitaciones pactadas de forma fraudulenta por parte de varias consultoras, a las que Competencia ha impuesto multas millonarias. El pacto entre estas empresas para fijar los precios y hacerse con los contratos públicos pone en cuestión en cierto modo el control de estas administraciones sobre las licitaciones, pero todos los implicados han preferido callar en este momento y estudiar bien la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y las posibles consecuencias que pueda tener.

La CNMC ha sancionando a un total de 22 empresas de consultoría con multas que ascienden a un total de 6,3 millones de euros. Entre las consultoras sancionadas en el denominado por la CNMC como "cártel de la red de colaboración norte" destaca Deloitte con una propuesta de sanción de 3,9 millones de euros. La segunda consultora con mayor sanción impuesta es PwC, aunque con una cantidad mucho menor, 670.000 euros. La tercera, con 630.000 euros es Idom. Las actuaciones investigadas se centran desde 2008 hasta 2018. Aunque las multas no responden al importe contratado, sino que se imponen con un porcentaje sobre el volumen total de la facturación. Deloitte, con una participación en 80 licitaciones denuncias por Compentencia y S&F Consultans (95S&F) con 74 licitaciones expedientadas son las que lideran la actividad expedientada. 

El expediente sancionador identifica un cártel  centrado especialmente en Euskadi y en la zona norte, al que acusa de manipular licitaciones públicas. En concreto, en el caso del País Vasco, se han determinado hasta 101 contratos irregulares con la Administración, entre los que figuran las siguientes instituciones: Ayuntamientos de Bilbao, Sestao, Barakaldo o Vitoria; diversos departamentos del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia o el Puerto de Bilbao.

Aunque en el expediente no queda clara la implicación de la Administración sí se insinúa que la práctica se realizaba con su conocimiento, en primer lugar por los mensajes que se cruzaban los implicados,  y en segundo lugar porque en las alegaciones, las propias consultoras aducen para defenderse de la acusación de haber constituido un cártel, que las instituciones conocían las prácticas. Se trataba de contratos sin publicidad, por su cuantía, en los que la única condición era que se presentaran tres ofertas. "En ocasiones la propia empresa solicitante de la cobertura es la que se encarga de proponer a la administración las empresas a invitar, e incluso elaborar todas las ofertas económicas a presentar por las empresas invitadas o, en su caso, de preparar la carta de renuncia o declinación a la invitación cursada por la Administración", señala el expediente, que no da por seguro el conocimiento de las instituciones contratantes, pero tampoco lo descarta.

Por eso, desde el Gobierno vasco al Puerto de Bilbao, todas las instituciones que fueron requeridas por este medio para hacer una valoración de la cuestión optaron por la frase "no hay comentarios al respecto", o "se está consultando", mostrando así que la decisión del organismo regulador ha pillado a estas instituciones implicadas sin tener en ningún caso valorado de antemano las consecuencias que pueda tener y sin tener decidido la  oportunidad o no de defender la gestión pública en esas licitaciones, pese a que la CNMC inició la investigación en 2017 derivada por la Autoridad Vasca de la Competencia, que fue la que inició el expediente bajo la presidencia de Pilar Canedo. 

Sólo desde el Ayuntamiento de Vitoria se salió públicamente a puntualizar que el consistorio que preside Gorka Urtaran (PNV) sólo está implicado en un contrato de 18.000 euros IVA incluido, "por lo que hubiera podido ser adjudicado directamente", pero que el Ayuntamiento "decidió invitar a 5 empresas de las que 3 presentaron su correspondiente oferta. Solo una de ellas está relacionada con la práctica que ha sido objeto de investigación", dice, y por lo tanto, "concluye que no hubo posibilidad de restricción de la competencia", Además "felicita" a la Autoridad Vasca de la Competencia por el trabajo llevado a cabo y "la persecución de toda aquella práctica empresarial que intente limitar la libre concurrencia. Son, a fin de cuentas, prácticas que buscan perjudicar a las Administraciones Públicas y, por ende, al interés general".

Por contra el Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao declinaron realizar una valoración. "De momento no vamos a decir nada", indicaron fuentes del Ejecutivo que tiene varios departamentos implicados. Sin embargo estas tres instituciones no tendrán más remedio que explicarse sobre la cuestión de forma pública ante los requerimientos, preguntas y  la oposición que ya han registrado preguntas parlamentarias, petiticiones de información o comparecencias de los equipos de Gobierno. El Ejecutivo  tendrá que responder en el Parlamento a la petición de información de EH Bildu, del  PP y de Elkarrekin Podemos, al igual que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación de Bizkaia.Todas estas instituciones públicas licitadoras en el momento de funcionamiento del 'cártel' estaban entonces gobernadas por el PNV y el PSE.

Desde el Ayuntamiento de Barakaldo. mientras tanto. aseguraron que nadie les ha notificado nada  y, por lo tanto, desconocen el sentido del informe como para valorarlo. Un desconocimiento al que también aludieron desde el Ayuntamiento de Sestao. El Puerto declinó también valorar las licitaciones en las que está implicado.

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Las consultoras también a la espera

Si las administraciones no quisieron ayer decir nada, tampoco lo hicieron las empresas implicadas directamente, las consultoras, que están tratando de digerir el mal trago de unas cuantiosas multas. Además, de Deloitte, PwC e Idom, están también en el expediene Altia Consultores, B+I Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Gestiona XXI Consulting, Indra, KPMG, Red2Red, Uliker-3 y 97S&F. 

Competencia propone también sanciones a directivos, que en el caso de Deloitte ya no forman parte de la firma. Entre  los directivos sancionados se encuentra  Ana Andueza (Deloitte) con 55.000 euros, Leandro Ardanza (97s&F) con 55.000 euros, Sabin Azua (B+I Strategy) con 35.000 euros, Joseba Egia (97S&F) con 35.000 euros, Maryam Luzarraga (PwC) con 30.000 euros, Xabier Manterola (PA Consulting) 30.000 euros, Íñigo San Emeterio (Idom Consulting) con 24.000 euros y Marta Álvarez (Idom Consulting) con 12.000 euros.