El Parlamento vasco ha acordado hoy pedir más información por escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre el denominado cártel de las consultoras, formado un total del 22 empresas a las que el organismo sancionó el pasado mes de mayo con una multa de 6,3 millones de euros por manipular licitaciones públicas pactando precios y ofertas.
La Mesa de la Comisión de Economía Hacienda y Presupuestos ha acordado en su reunión de este jueves reclamar por escrito al organismo más datos sobre esta cuestión, para lo que ha habilitado un plazo hasta el próximo día 30 para que los grupos políticos que lo consideren oportuno remitan las preguntas o consideraciones que se trasladaran a la CNMC.
Antes del verano, la Comisión había solicitado la comparecencia de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, a petición de EH BIldu y de Elkarrekin Podemos, pero Fernández rechazó la invitación por problemas de agenda, ofreciendo la alternativa de enviar por escrito la documentación y respuestas que requiera la Cámara vasca. Eso es lo que la Mesa de la Comisión que preside Luis Gordillo (PP-Cs) y que comparte con Estíbaliz Larrauri (PNV) y Susana Corcuera (PSE), ha decidido ahora aceptar con el fin de que puedan trasladarse a Competencia todas las dudas que plantea el caso a los grupos parlamentarios.
Gordillo ha contado con el apoyo de PNV y PSE en esta decisión pese a que hasta ahora los partidos que conforman el Gobierno vasco no han tenido mucho interés en solicitar investigaciones o informaciones adicionales a lo conocido y se han aferrado siempre que han sido interpelados por la oposición a la necesidad de esperar a que se resuelvan los recursos de las empresas para tomar decisiones, por ejemplo a la hora de dejar de contratar con esas consultoras, habituales en las licitaciones de la administración vasca.
En concreto Competencia detectó pactos irregulares en contrataciones que afectaban a más de 3,3 millones de euros con instituciones vascas, principalmente suscritos por Gobierno vasco, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao, aunque todas estas administraciones destacan que en el expediente sancionador no se califica de irregular la actuación de estas administraciones.
Los grupos de la oposición ha reclamado todos los expedientes de los contratos afectados y que se circunscriben entre los años 2009 y 2018, una documentación que se encuentran ahora analizando los grupos.
Preguntas en el Congreso
El caso del 'cártel de las consultoras' está teniendo también su reflejo en el Congreso de los Diputados. El diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte ha registrado una batería de preguntas para su respuesta por escrito para conocer las intenciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre su decisión de impedir que se contrate con estas consultoras, algo que Uriarte considera que es “especialmente relevante dado que algunas de las consultoras sancionadas ya están resultando adjudicatarias de contratos relacionados con las administraciones públicas vascas, como por ejemplo PWC" y , además de que “podrían ser beneficiarias de cuantiosos contratos financiados por los fondos europeos de recuperación”.
El Ministerio ha señalado que no tomará ninguna decisión al respecto hasta que no finalice el proceso judiicial, es decir, hasta que finalicen los recursos, pero Uriarte cree que debería tomarse "a la mayor brevedad posible".