Con los precios de la energía en niveles récord y una más que previsible espiral inflacionista intensificada tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Euskadi se prepara para un recrudecimiento de las condiciones de vida con cientos de convenios laborales por negociar. Solamente en las negociaciones que tiene pendiente ELA para este año —a las que hay que sumar todas aquellas donde este sindicato no está presente—, a lo largo de todo este año el sindicato que lidera Mitxel Lakuntza debe participar en la revisión de las condiciones laborales de 429.703 trabajadores, casi la mitad de los afiliados a la Seguridad Social en toda la comunidad autónoma. Conflictos como los de las autoescuelas de Bizkaia, el del metal —que solo se ha resuelto en Gipuzkoa— o las ikastolas siguen en el aire cuando la situación económica hace más que previsible un retroceso de la recuperación que había comenzado tras la pandemia y sus consecuencias económicas.
Esos más de 400.000 trabajadores se van a tener que enfrentar con casi total seguridad a subidas enormes del IPC recrudecidas por la guerra de Ucrania sin ni siquiera haber adecuado sus condiciones al aumento del coste de la vida de 2021, que apunta a quedarse en poco frente al 2022. Frente a la posibilidad de una subida masiva del IPC que ya adelantan los precios de la energía durante los últimos días, los sindicatos se preparan para un calendario de negociaciones colectivas que ahora debe contar con un factor más: el hecho de que subir con respecto al IPC de 2021 o tomar como referencia los dos primeros meses de 2022 probablemente no se adecúen al encarecimiento real de la economía que ya están adelantando los costes de la energía sin que se hayan dado a conocer estadísticas mensuales. Un calendario, por tanto, en el que subir los salarios un 6,5% no parece que vaya a servir para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.
Un tablero vasco de negociación similar al de la reforma laboral
Sin embargo, también está la otra amenaza: la de que una subida de los salarios acorde con el aumento de los costes en la cesta de la compra lastre la competitividad de las empresas o las condene a la desaparición. Esta es la situación que pretendió atajar este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al solicitar un pacto de rentas al diálogo social que ambas partes rechazaron. Pese a ello, los sindicatos vascos van tomando postura en un tablero que todavía se está conformando y haciendo planteamientos. Y la imagen no parece ser muy distinta a la que ya se dio en el debate de la reforma laboral, con los sindicatos nacionalistas en un perfil más duro que UGT y CCOO.
Así lo transmiten los distintos responsables de los cuatro principales sindicatos de Euskadi contactados por 'Crónica Vasca'. En ELA, la sensación de la de que va a haber que reformular parte de la estrategia planteada hace un mes por el sindicato en sus líneas de negociación colectiva para 2022, resumidas en un documento titulado "Tiempo de apretar contra la precariedad" en el que el sindicato prometía más conflictividad para salvaguardar los derechos de los trabajadores en este año. Lakuntza ya ha asegurado en múltiples ocasiones que ajustar los salarios al IPC va a ser el eje principal de la lucha sindical de ELA durante este año... y en línea similar se sitúa LAB.
El sindicato que lidera Garbiñe Aranburu también promete pelear por este asunto. En conversación con 'Crónica Vasca', el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de esta unión de trabajadores, Xabier Ugartemendia, cree que el escenario económico hará que haya que ser más firmes en la defensa de las subidas salariales al mismo nivel que el IPC, pero promete pelear con ello "llevando la conflictividad a la calle, porque los trabajadores ya están pagando la subida del IPC". Ugartemendia considera que la situación va a conducir a "más movilizaciones". "Llevamos 15 años crisis tras crisis y nosotros no nos vamos a descolgar de unas subidas que sean iguales a las del IPC", asegura Ugartemendia.
Ese perfil más marcado es el que todavía rehuyen UGT y Comisiones Obreras. En el caso de este segundo sindicato, su secretario de Acción Sindical, Fran Osuna, cree que "habrá que analizar la situación sector a sector, porque no hay una receta única". Pese a ello, Osuna rebate que "los trabajadores no pueden volver a ser los paganos de la crisis con sus salarios" y señala su preocupación no solo sobre el aumento general de los precios; también de un modo especial por el IPC subyacente, menos volátil por la crisis energética que está agravando la guerra de Ucrania. Pese al rechazo de este lunes a un pacto de rentas, el responsable de Comisiones Obreras no descarta la opción de una regularización de la situación que piense más en el medio y largo plazo, pero cree que sobre la mesa hay otras alternativas como las claúsulas que permitan revisar con carácter retroactivos los salarios ante la subida del IPC.
Este diario también ha intentado recabar la opinión de Confebask, pero la patronal vasca ha declinado hacer declaraciones argumentando que es demasiado pronto para emitir una posición a este respecto. Así que sindicatos y patronal todavía analizan la situación pero van comenzando a dibujar el mapa de un nuevo marco de negociación —el pasado jueves comenzaron las conversaciones para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)— donde las previsiones y expectativas de arranque de año han quedado obsoletas con la invasión rusa de Ucrania y la guerra económica con la que ha reaccionado la Unión Europea y Estados Unidos.