El drama de los consumidores de gas: precios triplicados sin previo aviso, pensionistas...

Pasar de pagar tres céntimos por el kilovatio de gas por hora a nueve en apenas un año. Esa es la realidad por la que están pasando cientos de consumidores en Euskadi ante el descontrolado encarecimiento de la energía que viene experimentando la comunidad autónoma desde el estallido de la guerra en Ucrania. Las derivadas económicas del conflicto tienen a las empresas que más energía consumen en el País Vasco planteándose parones, pero también está afectando a unas comunidades de vecinos donde se ha tenido que adelantar el cierre de las calderas y a los consumidores individuales. Consumidores como Javi González, sestaotarra y hostelero que denunciaba hace unos días el cambio de precios que había experimentado sin que se le notificase, lo que le había hecho pasar de 242 euros en 2021 por una factura de casi dos meses a 428, "algo escandaloso" para González.

"Te pilla de sorpresa sin previo aviso" apunta este sestaotarra a 'Crónica Vasca', al que le sorprende la diferencia de precios de la que es testigo entre su consumo como particular y su labor como hostelero. En su bar, el abastecimiento corre a cargo de la cooperativa de electricidad GoiEner, con sede en Gipuzkoa y que cuenta ya con 15.744 clientes y más de 20.000 contratos. "Aquí sí que nos han avisado del cambio de tarifas, pero no es del calibre de la compañía con la que tengo mi consumo como particular". En el bar la crisis de precios es un asunto recurrente entre los clientes, que le cuentan a González que están "muy preocupados". "Estos días me pongo mucho en la piel de las viudas, de familias que no llegarán a ingresar más de 900 euros, porque para ellos la situación es insostenible. Estamos pasando de la pobreza energética a la exclusión energética", reconoce con frustración un hostelero que plantea llevar su caso a Kontsumobide.

Así ha evolucionado la factura energética de Jon Fernández en el último año / CV

En una tesitura similar se encuentra Jon Fernández. Entre luz y gas su factura de estos dos últimos meses se ha ido a 997 euros. De 49 años y residente en Vitoria, este desarrollador de software tiene el termostato de su casa, "grande", a 19 grados. El grueso de la factura lo representa el gas, pero él sigue teletrabajando y, aunque es cierto que eso puede suponer un mayor consumo, "tengo contratada menos potencia de la que necesita mi casa; estoy convencido de que estoy por debajo de la media de mis vecinos". La subida del gas ha supuesto un 35% más en su factura con respecto a lo pagado en diciembre. "Y no quiero pensar en abril", apostilla Fernández. "Iba a comprarme un portátil con esos 1.000 euros, pero tendrá que esperar", admite resignado.

Pensiones insuficientes para pagar la calefacción

Esa exclusión energética que mencionaba González la refleja a la perfección los padres de Antonio Bilbao. Este vecino, que también vive en Vitoria, cuenta que a sus padres, pensionistas, no les llega para pagar la factura energética. "A mis padres les han cobrado más de luz y gas que lo que ingresan de pensión", señala a este diario. Esa tesitura, la de mayores que no tienen para pagar la factura energética es la que se están encontrando también en Gipuzkoa. Allí el Movimiento de Pensionistas de San Sebastián oye cada vez más comentarios en esta línea entre las decenas de mayores que acuden a las concentraciones que cada lunes congrega al movimiento de Alderdi Eder. Maritxu Serrano es una de las portavoces del movimiento y hace hincapié en exactamente lo mismo que González: en lo insostenible de la situación con un IPC superior al 7%.

Esa ha sido durante meses una de sus principales reclamaciones: que el incremento de sus pensiones sea de la misma cantidad que el aumento del coste en la cesta de la compra. "En 2021 se nos ha quedado pendiente un 3% entre la subida interanual de 2,5% que se nos ha hecho y el 5,5% que subió el IPC", indica Serrano. "Estamos recogiendo firmas para pedir que se nos iguale esa subida y recientemente nos hemos concentrado frente a la Seguridad Social en San Sebastián". Junto a esta reclamación, los pensionistas llevan meses pidiendo que se complementen sus pensiones hasta un mínimo de 1.080 euros precisamente para evitar situaciones como las de los padres de Antonio. La brecha digital también ha hecho mella, porque "muchos pensionistas no saben hacer los trámites por internet con la Seguridad Social y también nos ha llegado esa preocupación". Por todo ello es por lo que también se van a concentrar los movimientos vascos de pensionistas frente al Parlamento en abril: para pedir que se complementen sus pensiones hasta los 1.080 euros a través de la renta de garantía de ingresos (RGI). "La situación es muy delicada", concluye Serrano.