Fin al culebrón del Ingreso Mínimo Vital. Tras meses de tiras y aflojas sobre transferencias temporales y encomiendas de gestión, el Gobierno vasco ya tiene en sus manos la gestión de esta prestación no contributiva. Este miércoles los Ejecutivo autonómico y central han rubricado en la Comisión Mixta de Transferencias un traspaso de competencias que ha tenido durante más de año y medio en vilo a Euskadi.

Y es que no ha sido una transferencia sencilla. Las desavenencias entre el Ministerio de Trabajo y Lakua han ido estirando unas conversaciones en las que la primera propuesta realizada por el ministro Escrivá, planteando una temporalidad, se consideró "inasumible" por parte del Gobierno vasco y unió en un frente común a la consejera Garamendi y la vicelehendakari Idoia Mendia en defensa de una transferencia que fuese íntegra. El Ejecutivo había asumido precisamente en estas últimas semanas ese discurso: el de que la transferencia de esta competencia tenía que ser "íntegra" y "sin límite temporal". Finalmente se consiguió pese a que hubo hasta reuniones técnicas en las que tampoco se pudieron salvar las diferencias.

En su anuncio de la transferencia el Gobierno vasco destacó tras el acuerdo que el pacto respetaba "los estándares de lo que debe ser una transferencia, así como el régimen de financiación del Concierto económico, vía Cupo". De este modo, Euskadi pagará, con cargo a sus presupuestos, los importes correspondientes a la prestación del IMV.

El IMV es una prestación distinta a la renta de garantía de ingresos (RGI), pero la transferencia permite que se complementen ambas prestaciones, aunque con ajustes. En el caso mayoritario entre los perceptores de estas ayudas se trata de personas que ya llevan trres años empadronadas en Euskadi, de modo que, por ejemplo, esas personas recibirán los 470 euros que les correspondan por el IMV y la RGI complementará esa ayuda hasta los 700 euros. Dicho de otra forma, el cambio es meramente formal: Lanbide será ahora quien se encargue de todo, incluyendo la gestión del IMV y su abono, que estaba en manos de la Seguridad Social. A partir de ahora tocará un periodo de unos pocos meses hasta que Lanbide se haga cargo efectivo de esta gestión, algo para lo que el Gobierno vasco tiene presupuestado este año 1.100.000 euros. 

Punto de inflexión

Superadas las dificultades para sucribir esta tranferencia, las relaciones entre el PNV y el PSOE han parecido tomar un nuevo rumbo después de unas desavenencias que tuvieron su máxima expresión en el voto en contra a la reforma laboral. Fue entonces cuando el PNV se marcó esta transferencia como una línea roja en el apoyo del PNV a Sánchez. "Se va todo al carajo", advirtió Ortuzar si no se materializaba.

De hecho, casualidad o muestra de la mejora en las relaciones, casi coincidiendo con el acuerdo para el IMV, el PNV retiró la enmienda a la totalidad con texto alternativo que había presentado a la Ley Audiovisual al constatar "voluntad de negociación" por parte del Gobierno de Sánchez.