En plena recuperación de la actividad económica, a pesar de los retazos de la pandemia y de la guerra en Ucrania, con los PERTE ya en marcha, Euskadi todavía sigue arrastrando uno de los mayores lastres económicos: las empresas zombi. Un término que se acuñó en los años 80 en Japón para referirse a aquellas compañías que no eran rentables pero seguían recurriendo a la financiación para mantenerse vivas; empresas que no generan los ingresos suficientes para cubrir los gastos que soportan. Un concepto que en Euskadi no había tomado relevancia hasta esta crisis, pero que ahí siguen. Según un informe elaborado por Informa D&B, una filial de Cesce, en Euskadi siguen existiendo 2.579, 300 más que en el estudio elaborado por esta misma firma hace un año. Entonces eran 2.274 y el análisis de Informa D&B situaba Euskadi con una 'sobrerepresentación' de empresas zombi con respecto a lo que le debería corresponder estadisticamente: las zombis vascas representan un 5,46% del total cuando por estadística deberían suponer un 4,49%.
Al igual que hace un año, el informe de la filial de Cesce refleja que el perfil se mantiene: el 90% de las empresas zombi en el conjunto de España son microempresas, la inmensa mayoría dedicadas a los sectores de la construcción, inmobiliario o la hostelería. Un peligro para las Haciendas forales, ya que estas firmas pueden ser usadas para percibir ayudas sin ninguna necesidad o como tapaderas para tramas de fraude como las que se han detectado ya en alguna ocasión para evitar la tributación del impuesto de hidrocarburos. Estas amenazas crecen si al dato de empresas zombi se le añade el número de firmas identificadas por Informa D&B como sociedades sin ninguna actividad comercial: 66.927 compañías que dejan a Euskadi como la sexta comunidad autónoma con más empresas fantasma en un país donde hay hasta 1.252.000 compañías que no desempeñan ninguna actividad comercial y no publican cuentas.
La Agencia Tributaria lleva ya desde poco después del comienzo de la pandemia aplicándose para eliminar de los censos tributarios a las empresas sin actividad e incluso contempla la imposición de sanciones a aquellos empresarios que no hayan liquidado a las empresas de forma adecuada y la mantenga 'zombi', muerta viviente. En el caso de las Haciendas forales, el esfuerzo más relevante es el de una Diputación Foral de Bizkaia que está hasta rastreando las redes sociales con el objetivo de evitar el fraude fiscal. Por el momento, según explicó a comienzos de año José María Iruarrizaga, el diputado vizcaíno de Hacienda, se está probando de momento para el control de los apartamentos turísticos, pero es más que probable que eso se extienda al resto de sectores económicos, especialmente cuando se ponga en marcha de forma obligatoria el sistema Batuz.
A la espera de una nueva ley concursal que puede suponer una avalancha de concursos
La alta cifra de empresas zombi y su marcado carácter micro hacen que la mayoría de los actores esperen con bastante miedo la reforma de la ley concursal que echará andar en julio, con especial incertidumbre sobre el nuevo procedimiento rápido para empresas de menor tamaño en el que no se prevé la intervención de un administrador concursal. Se calcula que más del 85% de los casos irán por esta vía, un volumen desmesurado, advierten los administradores concursales, que lógicamente temen por cómo va a quedar configurado su rol a partir de julio. La idea del procecimiento exprés es aligerar la carga de los juzgados y ahorrar tiempo y sobre todo dinero a deudor y acreedor. En muchos concursos los gastos del mismo, fundamentalmente el pago de administrador, abogados y procuradores acaba comiéndose la poca porción de la tarta que queda por repartir entre los acreedores. Unai Olabarrieta, administrador bilbaino y portavoz del colectivo a través de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), dice comprender la filosofía que guía a este nuevo proceso rápido pero señala "que esto es un experimento y es un error experimentar con el 85% de los concursos".
En los tres primeros meses de año se han presentado en los juzgados vascos apenas 93 procesos concursales, un 14,7% menos que en el inicio de 2021 y la inversa de la tendencia del conjunto de España donde han crecido. Entre los procesos concursales recientemente concluidos destaca el de URSSA, a cuyo plan de liquidación ha tenido acceso 'Crónica Vasca'. En el documento se ponen a la venta las superficies de la firma del Grupo Mondragón en el Campo de los Palacios -valorada en 12 millones de euros- y la planta de la firma en Júndiz, que ocupa la segunda parcela más grande del polígono industrial alavés y está tasada en 10,7 millones de euros.