En pleno auge del precio de la luz y con el tope de gas dándose de frente con una ola de calor que ha vuelto a disparar la demanda de energía, el Gobierno vasco sigue dando pasos para incentivar el autoconsumo mediante placas solares. Una opción a la que cada vez se están abonando más empresas y particulares para reducir costes y hacer algo más llevadera la crisis energética por la que pasa Europa. Las Haciendas forales vienen trabajando en incentivos fiscales para quienes instalan estas placas solares tanto vía IRPF como a través del IBI -en lo que son pasos previos a la llegada de la fiscalidad verde que debería suponer la futura reforma fiscal- y el Ente Vasco de la Energía (EVE) también cuenta con un programa de ayudas que se ha visto reforzado con el estallido de la guerra en Ucrania.
Precisamente según el organismo público, el autoconsumo de energía fotovoltaica se ha cuadruplicado de dos años a esta parte: Euskadi ha instalado enre 2020 y 2021 21 MW mediante 915 plantas fotovoltaicas que han contado con el apoyo de las ayudas del EVE, que ha desembolsado 20 millones de euros para hacerlas realidad, con una especial incidencia en el sector residencial; esto es, entre particulares. Por poner el dato en contexto, esos 21 MW equivalen a toda la potencia instalada hasta 2019, lo que da buena cuenta del creciente interés por esta fuente de energía. A estas iniciativas de particulares hay que sumar las comunidades energéticas que está impulsando el Ejecutivo a través de Ekiola y que están expandiéndose a gran velocidad desde que hace año y medio se pusiese en marcha el primer proyecto de este tipo en Lasierra (Álava).
Sin embargo, esto no parece resultar suficiente, ya que las instalaciones de autoconsumo todavía lidian con el embrollo burocrático de tener que pedir una licencia de obra. Un proceso que suele extenderse durante meses, que se topa en no pocas ocasiones con retrasos y que supone uno de los grandes desincentivos para instalar estas placas solares que permiten reducir la factura de la luz algo más del 50% de media entre los particulares según los distintos comparadores. Con el objetivo de eliminar esa barrera, el Ejecutivo autonómico va a eliminar ese trámite administrativo para sustituirlo por una mera comunicación previa a la instalación de placas de autoconsumo. Así lo recoge el anteproyecto de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático en el que trabaja Lakua.
El texto deberá pasar por todo su recorrido parlamentario, pero dada la holgada mayoría de la que dispone el Ejecutivo autonómico resulta difícil pensar en un cambio a este punto del texto que recoge la disposición adicional octava de la ley. Además, el grupo parlamentario de PP+Cs ya se ha interesado por esa cuestión de la mano de Muriel Larrea, que ha preguntado por escrito a la consejera Tapia si tiene previsto precisamente eliminar ese requisito.
Mientras las comunidades energéticas de iniciativa privada siguen creciendo también. Solo en Álava la cooperativa de consumidores EMASP ha instalado 23 comunidades antes del comienzo del verano que permiten un ahorro de 900 toneladas de CO2, el equivalente a lo que un bosque de 8.000 hayas podría absorber en 80 años. La inversión para sumergirse en este modelo de autoconsumo suele rondar entre 1.200 y 1.500 euros por contador.