Euskadi sigue siendo líder en materia de protecciones sociales a nivel estatal. Y es que, según el Consejo Económico y Social Vasco (CES), el presupuesto vasco dedicado a la Renta de Garantía de Ingresos (RG)) supuso en 2022 una cuarta parte del presupuesto global destinado a su equivalente, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en el conjunto de España.
Así, el Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos y la Inclusión gestionó 418,9 millones de euros en ayudas sociales el año pasado, un 10,4 % menos que en 2021, un dinero que fue repartido entre 49.413 unidades perceptoras, un 6,3 % menos que el año anterior.
De este montante, la mayor parte, el 72 % (302 millones), procedió del capítulo de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). No obstante, esta cantidad supone una disminución del 15,8 % con respecto a 2021, cuando se destinaron 349,7 millones a este fin, y es comparable con los niveles de 2010, cuando se dedicaron 313,3 millones a este apartado. No obstante, continúa siendo el doble de lo que se dedicaba en 2006 (153,7 millones) a este capítulo, según los datos de la Dirección de Empleo e Inclusión del Gobierno vasco.
De esos 418,9 millones de euros repartidos, el 18,5 % (77,7 millones) se dirigieron a las Prestaciones Complementarias de Vivienda (PCV), fijadas en un máximo de 250 euros mensuales. Una cantidad muy similar a la de los últimos años. Y el 9,5 % restante (39,2 millones) fueron a parar a las Ayudas de Emergencia Social (AES), prácticamente lo mismo que en 2022, año en el que se repartieron 40,9 millones.
El presidente de la Comisión de la Comisión de la Memoria Socioeconómica del CES, Jon Barrutia, y la presidenta del CES, Emilia Málaga.
Aumento de las desigualdades económicas
Tal y como destaca el CES en su Memoria Socioeconómica de 2022, “Euskadi se sitúa en una posición favorable en comparación de los principales países europeos”, pero no es ajeno a la crisis y a la pérdida de poder adquisitivo sufrida por la devaluación de los salarios, lo que ha provocado un aumento de las desigualdades.
“El índice de riesgo de pobreza y/o exclusión, AROPE, ha subido del 13,9% al 16% en Euskadi, un aumento importante pese a que la tasa está muy por debajo del 28% de España y el 21,7% de media de la UE”, ha alertado el Presidente de la Comisión de la Memoria Socioeconómica, Jon Barrutia.
Un aumento de la población en riesgo de pobreza y exclusión y un empeoramiento en términos de renta y de privación que achaca al incremento generalizado de los precios y alerta de que “hay una clara tendencia a la polarización social, con peligro de que unos colectivos se queden atrás, con serias dificultades para avanzar”.
El CES destaca, no obstante, que, a pesar de los problemas, “el sistema vasco de protección social ha mantenido su cobertura en niveles comparables a los de los principales países europeos”.
Como dato positivo, la presidenta del CES vasco, Emilia Málaga, ha destacado que desciende el número de perceptores de RGI gracias a la evolución positiva que atraviesa el mercado laboral, aunque surgen “nuevos colectivos con nuevas necesidades, asociadas a la pandemia y al contexto internacional”, con mayor peso de extranjeros y pensionistas, si bien uno de cada tres beneficiarios es una persona migrante y el perfil medio del perceptor de RGI es el de una mujer de 40 años y sin estudios superiores, ha detallado.