El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido la demanda interpuesta por ELA contra el Gobierno vasco el pasado mes de octubre en relación al proyecto presupuestario para 2025.
El sindicato nacionalista denunció a finales de año que no se negociaron las condiciones laborales del sector público, que suma más de 100.000 trabajadores, antes de aprobar el proyecto presupuestario de este año, "obviando lo que dicta la ley".
A través de un comunicado, el sindicato -central sindical con mayor representación en Euskadi- ha celebrado este inicio de un "nuevo recorrido judicial", y ha recordado que en los primeros Presupuestos del ejecutivo comandado por el nuevo lehendakari, Imanol Pradales, "ni siquiera llamaron a negociar a la parte sindical".
Gesto que no entienden, ya que se trata de unas cuentas vascas "donde se fijan los incrementos retributivos de todo el personal público de las Administraciones vascas, y concretamente de las más de 100.000 personas empleadas públicas dependientes del Gobierno vasco, así como otras cuestiones de acceso al empleo público, de necesaria negociación por ley".
"Las condiciones de las trabajadoras y trabajadores públicos han sufrido un declive imparable en los últimos años. Desde 2021 la pérdida de poder adquisitivo ha sido de un 6%, y sigue habiendo 50.000 personas, casi la mitad de la plantilla, en situación de eventualidad; en el caso de Osakidetza es más de la mitad. El déficit de profesionales que existe en algunos ámbitos del sector público responde a ese empeoramiento de las condiciones de trabajo", denunciaron en su momento.
Apuntan a la firme oposición del Gobierno vasco a que esta demanda no prosperase y que el recurso no fuera admitido a trámite; sin embargo, este jueves la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha accedido a la petición sindical.
En este nuevo proceso judicial, ELA solicitará que "se reconozca que el Gobierno vasco, siguiendo lo establecido por la Ley, debió negociar con carácter previo las condiciones salariales y de empleo con los sindicatos". Ya que el sindicato entiende que el ejecutivo con su actuación vulneró el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, que debería repararse por parte del ejecutivo.