La CNMC pide al Gobierno la inhabilitación para contratos públicos de las consultoras del "cártel"

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha enviado al Ministerio de Hacienda el expediente sancionador del caso del "cártel" de las consultoras para que se aplique sobre las implicadas la prohibición de realizar contratos con la Administración Pública. La investigación de Competencia ha concluido que hasta doce firmas de consultoría manipularon contratos en un total de 92 licitaciones con las administraciones vascas, principalmente Gobierno vasco, Diputación de Bizkaia y Gobierno vasco. Las sanciones por estas infracciones se han elevado a un total de 6,3 millones, pero además, dada la gravedad de las actuaciones denunciadas la multa conlleva una propuesta de prohibición para contratar con la Administración. Así, las cosas, la CNMC sigue apretando el cerco sobre las consultoras para aplicar una pena que podría suponer un daño mucho mayor que la multa dada la alta contratación pública con la que cuentan estas empresas. Competencia ha solicitado al Ministerio de Hacienda que aplique esta prohibición a las siguientes consultoras: Deloitte, S&F Consultans, B+I Strategy, PwC, Competitividad Desarrollo e Innovación (CDI), Indra, KPMG, Red2Red, Uliker-3 e Idom Consulting. 

Le corresponde al Ministerio de Hacienda aplicar la prohibición de contratar con la administración

La CNMC recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público recogió una modificación en 2015, mediante la que se establece "la prohibición de contratar a aquellas empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia". Es el caso de las consultoras que han participado en el denominado "cártel del norte" desde 2015. El procedimiento, tal y como han confirmado portavoces de la CNMC a ´Crónica Vasca´ es que el Ministerio de Hacienda aplique esta prohibición en la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, para lo que ya han trasladado el expediente sancionador. 

Según han recordado fuentes autorizadas de la CNMC, este órgano ha pedido que en la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia se pueda se recoja la capacidad directa en la CNMC para aplicar estas sanciones, sin tener que pasar por el Ministerio. En cualquier caso, recae sobre el Gobierno de España decidir sobre la prohibición y su duración para que las consultoras afectadas puedan acudir a licitaciones administrativas. 

Competencia ha detectado 92 licitaciones en las que hubo irregularidades con las administraciones vascas. No se ha recogido la valoración de todos los contratos, ya que han quedado 14 sin cuantificarse, pero el valor total por el que las consultoras facturaron los servicios asciende a 3,3 millones. Las entidades con mayor implicación fueron Deloitte, a la que se le impugnan "coberturas" hasta en 80 licitaciones, mientras que a S&F Consultans se le sanciona por participar en la manipulación de 74 actuaciones. La siguiente, es es B+I Strategy con 30 licitaciones pactadas. Entre las tres consultoras acumulan el 92% de los 3,3 millones. La entonces dirigida por Ana Andueza, Deloitte, con 1,6 millones (el 48%), S&F Consultans, representada por Leandro Ardanza, con 1,08 millones (el 32%) y B+I Strategy al cargo de Sabin Azua, con 368.000 euros (el 11%). 

Entre las propuestas de sanción a los directivos, destacan: Ana Andueza (Deloitte) con 55.000 euros, Leandro Ardanza (S&F Consultans) con 55.000 euros, Sabin Azua (B+I Strategy) con 35.000 euros, Joseba Egia (S&F Consultans) con 35.000 euros, Maryam Luzarraga (PwC) con 30.000 euros, Xabier Manterola (PA Consulting) 30.000 euros, Íñigo San Emeterio (Idom Consulting) con 24.000 euros y Marta Álvarez (Idom Consulting) con 12.000 euros. 

Todos estos contratos, según consta en el expediente sancionador de la CNMC tuvieron lugar entre 2009 y 2018, aunque las inspecciones se han centrado espacialmente en los años de 2011 a 2016. Las administraciones que mayores contratos firmaron con las consultoras fueron el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia. El Gobierno vasco el 36% con 1,2 millones de euros, el Ayuntamiento de Bilbao con 1,08 millones, el 32%; y la Diputación de Bizkaia con 502.000 euros, el 15%.