El Gobierno central aportará 48 millones para BasqueVolt y el Ejecutivo vasco 8 millones

BasqueVolt es uno de los proyectos estratégicos para la automoción eléctrica y puede establecer en Euskadi una de las 30 gigafactorías que se prevén en Europa. La fábrica de celdas de batería podría instalarse en Álava gracias a la tecnología desarrollada por CiC Energigune y por su especialización en la construcción de celdas en estado sólido para baterías de automoción. Es una de las claves vascas para la transformación eléctrica de la automoción para la que ayer el Gobierno de España presentó el plan estratégico con 4.200 millones de euros. El proyecto, BasqueVolt, contempla una inversión de 707 millones de euros que según se recoge en la iniciativa se reparten con una financiación pública de 56 millones de euros entre el Gobierno de España, con 48 millones, y 8 millones que aportaría el Ejecutivo vasco. Una cantidad, la recogida por Euskadi que estaría condicionada a la recepción de los fondos europeos Next Generation. La inversión privada, en cambio, ascenderá a 276 millones. Mientras que el grueso de 375 millones de euros se esperan obtener de los Fondos de Innovación de la Unión Europea, un instrumento de financiación europeo para cumplir con los compromisos de neutralizar la emisión de gases 2050. 

El Gobierno prevé aportar dos millones este año

Así es el plan de financiación para el desarrollo de uno de los proyectos más voluminosos en inversión de los establecidos por el Gobierno vasco en su Plan Euskadi Next Generation EU. La iniciativa contempla desarrollar la inversión desde este mismo año y hasta el 2024. Así, el Gobierno vasco espera obtener en este mismo ejercicio 2 millones de euros de los fondos europeos para destinar BasqueVolt, principalmente para acometer la preparación de los terrenos en el Parque Tecnológico de Miñano, donde se necesita realizar una ampliación de al menos 100.000 metros cuadrados que cuenta ya con el respaldo del Parlamento vasco, aunque debe tramitarse en el Ayuntamiento de Vitoria.

Los detalles de la financiación los plantea la propia consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en una respuesta a la solicitud de información realizada por el parlamentario del grupo de PP+C´s, José Manuel Gil Vegas.  En este 2021, junto a los 2 millones del Gobierno vasco, el plan de financiación contempla otros 13 millones de las empresas que participan. En 2022, la inversión ascenderá a 69 millones, por 96 en 2023 y 98 en 2024. 

En funcionamiento en 2026

Tapia señala, además, que el objetivo es que la planta esté en funcionamiento en 2026 y confirma contactos del Gobierno con empresas de automoción y de otros sectores. Y es que la participación de un gran fabricante de vehículos es uno de los ejes que da garantía de futuro al proyecto. Por ello, BasqueVolt está integrado en un consorcio nacional, Battchain. Se trata de una línea de trabajo que aúna a importantes empresas del sector como Iberdrola, Ingeteam, Fagor Ederlan, Petronor, Enagas, MCC, Irizar, Ormazabal o CIE Automotive, y que agrupa también a las comunidades autónomas de Euskadi, Navarra y Extremadura. El proyecto comprende toda la cadena de valor, desde la extracción del litio en Extremadura, la construcción de las celdas de la batería en BasqueVolt, el ensamblaje de las baterías en Navarra donde participan Fagor e Ingeteam, así como el reciclaje de las unidades de carga una vez agotada su primera vida. 

El pasado mes de mayo, la consejera Tapia, se reunió con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y en el encuentro la apuesta por BasqueVolt y su desarrollo fue una de las cuestiones que se trataron. La propia Maroto, confirmó recientemente que la fábrica de baterías de Navarra que emplearía las celdas de BasqueVolt avanzaba con garantías, lo que respaldaría el proyecto de Miñano dentro del consorcio Batchain. 

Propiedad del proyecto

Lo que no está aclarado es el modo en que esta financiación podría afectar al accionariado de BasqueVolt. Este punto fue uno de los que planteó el parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, en la última comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu sobre los fondos europeos. Para Otero no queda claro, en el uso de la financiación europea y de la participación del Gobierno de España, el reparto accionarial y la titularidad de las actividades que se desarrollarán, un punto importante para garantizar el arraigo.