B+I Strategy era una de las consultoras afectadas en el caso del cartel sancionado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) con multas que sumaban 6,3 millones por manipular la adjudicación de contratos públicos que no había afrontado la renovación de su estructura tras el conocimiento público del caso y el cierre del expediente sancionador del regulador de la competencia. Según ha podido saber 'Crónica Vasca', uno de sus fundadores, Sabin Azua, ha anunciado que abandonará las tareas en B+I Strategy para centrarse en el trabajo de otra compañía. De este modo, acaba la rotación y cambio de responsables en la consultoría con la administración de las principales compañías implicadas en el caso: Deloitte, PwC, PA Consulting y S&F Consultans. Un proceso en el que las compañías sí han afrontado un proceso interno de cambio, mientras que  desde las instituciones no ha habido ninguna asunción de responsabilidades tras la detección de, al menos, 3,3 millones adjudicados fraudulentamente. 

Tras el cierre del expediente de la CNMC, algunas de las consultoras han abierto la vía judicial y, hasta que esta no termine, el Ministerio de Hacienda no podrá aplicar la sanción de no contratar con la administración pública que se desprende de la resolución del regulador de la Competencia. Mientras tanto, las consecuencias están pasando de largo sobre los responsables de la administración pública, Gobierno vasco, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao son las entidades más implicadas, pero sí han obligado a las empresas a tomar medidas. 

Sabin Azua es un importante consultor de reconocido prestigio que trabajó como asesor del Diputado general de Bizkaia y con una amplia experiencia profesional. La implicación de B+I Strategy, que según Competencia alcanzó a 30 licitaciones, le costó una propuesta sanción de 35.000 euros al propio Azua y ha provocado también este movimiento en su compañía que ya este verano modificó su órgano de gobierno, para crear un consejo de administración que la dirigiera y que no estaba presidido por él. 

 

El mismo movimiento ya se realizó en las tres grandes agencias implicadas. Deloitte, la más afectada con más de 80 licitaciones investigadas, y PwC y PA Consulting. Deloitte, con una sanción de 3,9 millones de euros, se desligó a Ana Andueza, que era socia de la entidad.  En el caso de PwC, la responsable de consultoría de gobierno y sector público durante esos años era Maryam Luzárraga, con muchos menos contratos imputados, una decena, quedó con una sanción para la directiva de 30.000 euros. Luzárraga abandonó en diciembre de 2019 su puesto como responsable de sector público en PwC.

La otra consultora que ha modificado la estructura de personal dedicada al asesoramiento de la Administración Pública es la multinacional PA Consulting. En el expediente sancionador, Xabier Manterola, que era identificado como director, aunque no tenía poderes ni firma legal, recibió una multa de 30.000 euros que, posteriormente se redujo a 18.000 euros por la colaboración que prestó la entidad en la investigación y el reconocimiento de los hechos. En este caso, los contratos identificados fueron solamente cuatro. 

El otro gran agente del caso, según se desprende de la información de Competencia es fue el responsable de 97 S&F Consultans, Leandro Ardanza, al que se le encontraron mails sobre los que se concluyó la preparación de hasta 58 adjudicaciones por lo que Competencia fijó una sanción para él de 35.000 euros. La agencia también ha rediseñado su equipo de trabajo con la consultoría con la administración pública.