Los juzgados se preparan para una avalancha de empresas zombi el 30 de junio

El fin de la moratoria concursal el próximo 30 de junio y la reforma de la ley que regula los concursos de acreedores, prevista también para esa fecha, van a suponer un vuelco en el día a día de los juzgados mercantiles. En general la situación de este área en el País Vasco en cuanto a volumen de trabajo es saneada gracias a la apertura de nuevos juzgados en San Sebastián y Bilbao, pero a partir de finales de junio se abren muchas incógnitas. Terminado el periodo de gracia para empresas insolventes que concedió el Gobierno español a causa de la pandemia, se espera una avalancha de casos de empresas zombi, en la práctica quebradas.

Cuando estalló la pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó dentro de las medidas para hacer frente al parón económico una moratoria concursal que permitía a empresas insolventes no presentar concurso de acreedores, al entenderse que su situación crítica podía tener origen precisamente en las restricciones por la situación sanitaria. Aprobada inicialmente para unos meses, esa moratoria, como los ERTE, ha ido sumando prórrogas, la última con finalización el próximo 30 de junio.

No es difícil pronosticar que a partir de esa fecha va a empezar a caer en los juzgados mercantiles una catarata de nuevos procesos concursales, en la mayoría de casos de empresas sin viabilidad. No es que la jurisdicción mercantil haya estado parada este tiempo, pero el número de concursos ha bajado notablemente a causa de la moratoria, explica Aner Uriarte, juez decano de Bilbao. Uriarte confía en la capacidad de los juzgados vascos para hacer frente a este volumen de trabajo gracias a las nuevas ampliaciones de la planta mercantil, pero reconoce que todos son preguntas respecto a cómo será el mecanismo para despachar a esos concursos zombi que vayan llegando. El Banco de España ya ha advertido de que una moratoria tan larga alimenta la continuidad de empresas que no tienen futuro, incluso que llegados a este punto algunos empresarios no hagan los deberes de tomar medidas a tiempo, con el consiguiente riesgo para toda la cadena económica.

El Juez Decano de Bilbao, Aner Uriarte, ayer ante los periodistas en la capital vizcaína. /EP

Una reforma total

En previsión de esta avalancha de concursos el Gobierno español ultima una reforma, prevista para finales de junio, aunque entraría en vigor en julio, que entre otros cambios introduce un nuevo proceso concursal exprés sin administrador concursal. "Viene una revolución en el derecho concursal. Nadie sabe lo que va a venir a partir de junio, tanto por el número de concursos como, sobre todo, porque la reforma da la vuelta como un calcetín a todo", dice Uriarte, que se refiere a ese nuevo concurso rápido para pequeñas empresas, que en la práctica son la mayoría, y a la duda de quién pondrá paz entre acreedor y deudor si no hay una tercera figura imparcial que lleve las riendas del proceso.

Lógicamente la nueva etapa supone un riesgo para el colectivo de administradores concursales, nutrido de economistas y de abogados. Se espera que la mayor parte de esas empresas que entren en concurso entren sin ninguna posibilidad de supervivencia, que es precisamente la primera labor que se marca el administrador, comprobar si la empresa en dificultades tiene opciones de salir adelante si logra podar parte de sus deudas. Pero es que además la reforma podría traer nuevas figuras a la ecuación como el prepack, que ya funciona en Cataluña donde se importó de algunos países europeos. El prepack concursal sería una especie de administrador pero previo a la declaración de concurso, es decir, un gestor externo que busca hacer la labor de saneamiento de deudas antes incluso de que la compañía pise el juzgado para ahorrar trámites y tiempo. No está claro si finalmente habrá algo así en toda España y, si es así, como conectará su función con la del administrador concursal. Además, los concursos de personas físicas, como consumidores sobreendeudados, que desde 2015 se pueden ver en juzgados de primera instancia, retornarían al área mercantil.