Más del 85% de empresas insolventes entrarían al concurso exprés sin administrador

La reforma de la ley concursal que echará a andar en julio tiene preocupados a casi todos los actores que intervienen en estos procesos. Hay consenso en que vienen cambios de mucha profundidad en el sistema que regula las quiebras de empresas, con especial incertidumbre sobre el nuevo procedimiento rápido para empresas de menor tamaño en el que no se prevé la intervención de un administrador concursal. Tal y como está redactada ahora mismo la reforma y teniendo en cuenta que la amplia mayoría del tejido empresarial son pymes, se calcula que más del 85% de los casos irán por esta vía, un volumen desmesurado, advierten los administradores concursales, que lógicamente temen por cómo va a quedar configurado su rol a partir de julio.

La idea del procecimiento exprés es aligerar la carga de los juzgados y ahorrar tiempo y sobre todo dinero a deudor y acreedor. En muchos concursos los gastos del mismo, fundamentalmente el pago de administrador, abogados y procuradores acaba comiéndose la poca porción de la tarta que queda por repartir entre los acreedores. Unai Olabarrieta, administrador bilbaino y portavoz del colectivo a través de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), dice comprender la filosofía que guía a este nuevo proceso rápido pero señala "que esto es un experimento y es un error experimentar con el 85% de los concursos".

Por ello los administradores piden en la tramitación de alegaciones a la reforma que se acote ese perfil de empresas quebradas que entrarían por esta vía al juzgado y mantener para el resto el proceso normal. En estos momentos se contempla en el texto que entrarán por la vía exprés empresas con facturación inferior a 2 millones de euros o menos de 10 trabajadores, en la práctica una amplia mayoría de empresas. Lo que propone Olaberrieta es bajar el listón a un pasivo máximo de 350.000 euros y ventas que no alcancen los 700.000 euros, y así lo ha trasladado a los grupos parlamentarios del Congreso. Y asegura que el problema no es solo el papel de los administradores. "Es que el nuevo proceso es un Juan Palomo. El deudor se va a tener que encargar él de liquidar los bienes, pero sin garantías ni para el acreedor ni para el interés público", señala, y explica que se plantea que el deudor pueda desarrollar él mismo el proceso a través de formularios electrónicos. "Es que es irreal completamente. Se van a necesitar profesionales al lado", indica Olabarrieta.

En principio, en estos casos sus funciones las asumiría el letrado de la administración de justicia, con la consiguiente sobrecarga de la justicia, que es el objetivo a evitar. Los juzgados de lo mercantil asumen que a partir de julio van a recibir una avalancha de casos de empresas zombi, empresas que no son viables pero que a causa de la moratoria concursal no se han visto obligadas a presentarse ante el juez. Ahí Olabarrieta recuerda que no todas las empresas insolventes acaban en concurso, muchas veces porque no hay un acreedor dispuesto a abrir el melón y asumir gastos. Según las estadísticas de Fogasa (el organismo que asume los salarios de los trabajadores de empresas en quiebra) por cada firma que entra en concurso por la vía mercantil hay cinco que bajan la persiana sin hacerlo y dejando deudas con sus trabajadores.

"Batalla judicial" por la segunda oportunidad

La otra gran crítica de los administradores a la reforma es cómo se regula la exoneración de créditos en la segunda oportunidad. Olabarrieta advierte de que la directiva europea que inspira la reforma establece la plena exoneración de los créditos del deudor, pero el proyecto introduce limitaciones para el crédito con la administración. Así, en estos momentos y a falta de pulirse el texto se introduce una exoneración parcial de 2.000 euros para el crédito público (1.000 euros de Hacienda y 1.000 Seguridad Social), lo que puede dar lugar a un nuevo frente judicial. Olabarrieta avanza que en muchos procesos se va a pedir la aplicación de esa directiva europea y la exoneración total, con las consiguientes cuestiones prejudiciales. Una nueva "batalla judicial" que alargue aun más los concursos.

"El crédito público hay que protegerlo, pero esa no exoneración no está justificada por las estadísticas. Si la cantidad no es importante y luego tampoco hay garantías de que se cobra es mejor ser valientes y exonerarlo. Se trata de facilitar que el empresario que tuvo un mal momento pueda volver al mercado para generar a su vez nuevas cotizaciones y nuevos impuestos, eso también son recursos para el sistema", dice el vicepresidente de ASPAC. "Ningún emprendedor quiere estar cuatro año de juicios con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social", señala.

En cuanto a la nueva figura del prepack (un experto imparcial que se nombra en fase anterior al concurso), los administradores consideran que es un buen movimiento para avanzar gestiones y facilitar que la empresa pueda salir adelante. Nuevamente aquí el colectivo reivindica su papel y considera que esa labor previa debería solaparse con la del administrador. "No tiene sentido que haya dos figuras diferentes", dice Olabarrieta, que termina aportando un dato sobre la magnitud económica de los concursos de acreedores. Se estima que los créditos no pagados a acreedores acumulan una cuantía similar a entre el 1,5 y el 2% del PIB español, más de 8.000 millones de euros anuales. Todo lo que sea facilitar el cobro de esas cantidades son recursos que regresan al mercado y, a fin de cuentas, contribuyen al desarrollo económico.