La publicación del orden del día de la junta de accionistas de Indra era un día marcado en rojo en el calendario de la operación de ITP Aero. Apenas quedan 39 días para cerrar el consorcio de empresas que acompañen a Bain Capital en la compra y todavía queda por completarse un 15% del nuevo accionariado del fabricante vasco de motores de aviación tras la salida de Rolls-Royce. En ese 15% se esperaba a Indra y, si finalmente se anima, al Gobierno vasco. Lakua se vio envuelta a principios de abril en un torrente de informaciones contradictorias en cuanto a cuál iba a ser su peso en el conjunto de la operación y todavía no hay novedades sobre el papel que pueda adquirir el Gobierno autonómico en esta operación, pero sí los hay en Indra.
Y es que después de que el Gobierno central autorizase a comienzos de año el aumento de la participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Indra -pasando del 18% a un 28%-, la sociedad pública mueve ficha tres meses después y cuando queda solo un mes para la junta de accionistas de Indra. Según informa la Comisión de Nombramientos de Indra, la SEPI ha solicitado al consejo de administración poder designar a un tercer consejero dominical en el seno de la firma de Marc Murtra. Así lo recoge el órgano que preside Alberto Terol -su último bastión de poder hasta que deje todos los cargos al concluir la junta de accionistas de Indra el próximo 23 de junio-, que detalla que la sociedad pública "ya está ejecutando" la ampliación de su participación. La SEPI deberá informar públicamente de esos aumentos cuando supere el 20% de la propiedad de Indra.
La propia Comisión de Nombramientos reconoce que esos cambios deberán ser autorizados por el órgano directivo de Indra, pero también admite que se está estudiando cómo materializar la solicitud de la SEPI tras haber incrementado su participación en Indra. La última palabra la tendrá el consejo de administración, pero la operación debería ser más sencilla con Alberto Terol fuera de la plana mayor de la firma. La marcha de Terol tiene un papel clave: él fue una pieza clave para que la transición de Martorell a Murtra dejase sin poderes ejecutivos al actual presidente de Indra y acababa mandato ahora. Será sustituido por Enrique de Leyva, vocal ahora también en la Comisión de Nombramientos y que no pondrá oposición al movimiento para entrar en ITP según fuentes conocedoras del proceso, si bien está por ver si no se le da relevo como vicepresidente del consejo de administración.
Otro cambio que lleva semanas sonando en la órbita de los mercados es el relevo de Ignacio Mataix al frente de la compañía y la devolución de los poderes ejecutivos a Marc Murtra. La opción había tomado más alas desde que hace un mes Cristina Ruiz abandonase Indra y dejase a Mataix como el único CEO de la compañía, al que se le ha etiquetado como otro de los ejecutivos contrarios a la entrada en ITP. Sin embargo, parece que antes llegará el cambio de mayorías en el consejo de administración, que es la clave para que la operación salga adelante y empiecen a encajar todas las piezas en una operación fundamental para la secretaría de Industria que lidera Raül Blanco, que ha estado de visita por Euskadi durante estos últimos días y ha tenido ocasión de verse con la consejera Tapia. La consolidación de ese capital del 30% en manos nacionales y de carácter industrial es el modo de tener una posición de control sobre ITP Aero para cuando Bain Capital cierre su ciclo inversor y salga de la empresa en una eventual salida a Bolsa. Tan importante es para el Gobierno central que, según fuentes conocedoras del proceso, no tendrá problema en estirar la operación el tiempo que sea necesario.
Posiciones punteras en el sector de defensa
No hay que olvidar que la operación, si antes ya había sido objeto de deseo para Indra, ahora lo debería ser todavía más. Tras la guerra en Ucrania, todo apunta a un aumento del gasto militar a lo largo de toda Europa, de modo que resulta más que interesante posicionarse en el futuro de la defensa europea. Y hay pocas posiciones mejores que la de ITP, uno de los actores principales en la fabricación del Eurofighter que también forma parte del consorcio que trabaja ya en el FCAS, la aeronave que sustituirá al avión de combate actual. Hace unas semanas el Gobierno central ya dejó caer parte de las intenciones de Indra a través de la presidenta de la SEPI. Belén Gualda afirmó que el objetivo del aumento de la participación en Indra buscaba fortalecer "sus dos divisiones al completo". De hecho, Gualda ya habló de la importancia que tenía el programa europeo del FCAS, en el que también participa la propia Indra.
Junto a la SEPI, SAPA era quizá la otra pieza clave para que la operación se haga realidad, pero el 'holding' de Defensa de la familia Aperribay ya ha hecho sus deberes: ostenta un 5% de Indra más otro 5% en el consorcio de ITP y es uno de las principales interesadas en que la operación salga bien. Bain Capital recibió el visto bueno para firmar el acuerdo el pasado mes de septiembre a cambio de que diera paso en el accionariado de la compañía a un 30% de socios nacionales. De momento, ya han entrado la propia SAPA y JB Capital con cerca de un 10%. El otro 15% es al que aspira Indra si otros actores como el Gobierno vasco no acuden a hacerse con una porción de ITP Aero en una compra cuyo carácter político es innegable.
El papel del Gobierno vasco, en el aire
Una vez acometido este primer movimiento de la SEPI, que es la antesala de la entrada en ITP, faltará ver qué papel juega el Gobierno vasco. El sector de Defensa está en auge, el Gobierno central se ha comprometido a elevar su inversión a un 2% en Defensa y el Gobierno vasco quiere garantizar el arraigo de una empresa estratégica para Euskadi y, por ende, para España. Precisamente sobre el papel del Gabinete Urkullu es uno de los aspectos en los que más ha divergido la prensa madrileña. 'El Confidencial' señaló que Lakua entraría hasta con un 8% mientras 'El Economista' llegó a afirmar que se quedará fuera de la operación. Sin embargo, teniendo en cuenta que la dotación del fondo Finkatuz es de 260 millones el porcentaje no podría ser muy grande a no ser que la entrada del Ejecutivo autonómico fuese acompañada de otras firmas vascas. La cifra que hasta ahora se manejaba en Lakua eran los 65 millones para sentar a un consejero en ITP. De momento, la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, ha señalado que antes de concretar esta decisión es necesario que el pacto de socios recoja el compromiso de mantenimiento de inversiones y apuesta por la sede en Euskadi. Un 8%, por ejemplo, supondría para el Ejecutivo autonómico desembolsar 136 millones, más de la mitad de la dotación de Finkatuz.