Las ayudas para la industria gasintensiva se convierten en "una tirita" para la siderurgia vasca

A vueltas todavía con las ayudas anunciadas por el Ejecutivo central la semana pasada y con la incertidumbre de unas perspectivas nada halagüeñas, las siderurgias vascas miran al paquete que más puede incidir en ellas: las ayudas para las industrias gasintensivas. Un subsidio que el Gobierno central ha vuelto a incluir en su remesa de medidas renovadas para hacer frente a la crisis originada por la guerra de Ucrania y que ha repercutido de un modo especial a la pesada industria vasca, muy marcada por el consumo de energía. 

La ampliación de otros 250 millones de euros supone un empujón más, pero puede no ser suficiente para una industria que, según los cálculos de la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID). Según los cálculos de la patronal nacional de la siderurgia, una acería consume aproximadamente 0,5 MWh de gas por cada tonelada de producto acabado, lo que haría que, con los precios actuales, la tarifa mensual eléctrica de la siderurgia ronde los 3,3 millones de euros. Algo que puede ser letal para factorías como Sidenor, Aceros Olarra, la recientemente rescatada Nervacero o ArcelorMittal.

Con esas tarifas, el sistemas de ayudas podría no ser suficiente para unas empresas a las que el sistema de ayudas del Gobierno solo podría inyectar 400.000 euros a cada empresa, algo que lastraría mucho a las empresas que gigantes como Arcelor que tienen más de una planta bajo el mismo CIF. A preguntas de 'Crónica Vasca', Andrés Barceló, el director general de UNESID, califica las ayudas para factorías como las vascas resultan ser "una tirita para contener una hemorragia" de precios energéticos, aunque la patronal de la siderurgia no culpa de ello al Gobierno central sino a la Comisión Europea, que es la que ha puesto el tope a las ayudas para las industrias gasintensivas.

UNESID está hablando con el Ministerio de Industria para tratar de resolver esta situación, pero según Barceló lo óptimo sería que también gobiernos autonómicos como el catalán o el vasco también se sumasen a la presión para cambiar esas reglas, que dejarían en un ridículo las ayudas para las empresas que tengan las factorías bajo un mismo CIF. Incluso en el caso de las empresas con una sola planta, los subsidios públicos apenas permitirían un ahorro del 13% en la factura energética.