La justicia atasca el rescate de Nervacero

Con la negociación de su convenio laboral en 'stand-by' hasta que se resuelva la situación financiera de Nervacero, el rescate del grupo Celsa, aprobado 'in extremis' con una inyección de 550 millones por parte del Gobierno central, se ha topado ahora con una nueva decisión judicial que vuelve a cambiar el equilibrio de fuerzas entre empresa y acreedores. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la prórroga de las medidas cautelares que eximían al grupo catalán -al que pertenece la siderúrgica vasca- del pago de los compromisos asociaciados a la deuda que mantiene la corporación de los Rubiralta con sus acreedores.

Se trata de una decisión que supone un varapalo para Celsa, que sigue negociando con sus principales acreedores cómo dar con una hoja de ruta para sanear su deuda que sea satisfactoria para las dos partes. Ese pacto entre acreedores y Celsa es la llave que desbloquea para el grupo el acceso al préstamo de la Sepi y ahora se complica un poco más por esta decisión judicial. En su momento, Celsa consiguió que un juzgado de primera instancia en la capital nacional fallase en favor de los Rubiralta y les eximiese temporalmente de pagar los vencimientos de deuda y sus intereses, así como las claúsulas financieras de sus préstamos, entendiendo que era comprensible habilitar esa excepción ante la llegada de la pandemia.

Francesc Rubiralta, presidente de Celsa Group.

Sin embargo, otro tribunal rechazó a comienzos de año estas medidas después de que los acreedores así lo solicitasen, pero Celsa recurrió y ahora, según ha podido saber 'Crónica Vasca', el juzgado de primera instancia número 60 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la revocación de esas medidas excepcionales de las que gozaba el grupo al que pertenece Nervacero. El auto judicial emitido por este último tribunal, fechado el pasado 26 de julio, es además, muy duro contra el grupo de los Rubiralta, a los que acusa, literalmente, de actuar con "mala fe procesal".

La justicia, de hecho, argumenta que aceptar las cautelares supondría ir contra la homologación del contrato de refinanciación que tiene suscrito Celsa ante la justicia en Barcelona. De hecho, la justicia madrileña recuerda que ese contrato de refinanciación llegó a instancias del mismo grupo que ahora actúa contra él.

La judicialización del proceso de Celsa ha sido precisamente una de las críticas que habitualmente han vertido los acreedores de los dueños de Nervacero, con una importantísma presencia de fondos de inversión entre los más de 2.500 millones de pasivo, con Goldman Sachs o la británica Cross Ocean Partners entre una amalgama que también incluye al Deutsche Bank y que se comerá el 80% del rescate de Celsa.

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que la decisión judicial no debería suponer un distanciamiento entre unas partes que aún tienen lejos el acuerdo, pero tampoco supone, ni mucho menos, una ayuda para que el pacto se materialice, sino más bien, todo lo contrario: un ruido que puede enturbiar más la negociación. Los fondos, en principio, no recurrirán a esa carta, pero tienen la negativa judicial como otro respaldo más a la hora de poner encima de la mesa sus exigencias, mucho más grandes que las de acreedores nacionales, que podrían ser más comprensivos.

Un operario de una planta de Celsa Group / CV

La amenaza del cierre, una opción improbable pero temida

Las presiones de los gobiernos autonómicos -siete- con presencia productiva de Celsa, caso del Gobierno vasco, así como de los propios sindicatos del grupo, moderan las ambiciones de los fondos y evitarán un colapso total de la firma, pero no desinversiones en parte de los activos si se necesita más liquidez.

Ese es el miedo de la plantilla, que sí que da la bienvenida al rescate, pero recuerda que la ayuda de la SEPI no llega con garantías en cuanto a futuras inversiones para Nervacero. De hecho, el rescate de la Sepi incluye un programa de devolución de la deuda hasta 2027. Pese a que el grueso del capital se lo llevan los fondos, Celsa se guardará de ese capital y su propia refinanciación 150 millones con el objetivo precisamente de lidiar con gastos y acometer posibles inversiones o nuevos proyectos.