La industria vasca ve un fiasco la interrumpibilidad: poco dinero y gran incertidumbre

El otoño sigue su curso y, con el invierno cada vez más cerca, las grandes industrias van perfilando el sistema de trabajo del último cuarto del año. A la vista está ya diciembre, que suele ser un mes a medio gas por las vacaciones en el que las empresas aprovechan para sacar adelante los últimos pedidos del curso. Queda por tanto prácticamente un mes para salvar un otoño marcado por una crisis energética que, eso sí, condicionará mucho el arranque de 2023, en el que los equipos directivos van poniendo ya el foco.

En ese sentido una de las medidas estrella en los planes energéticos remitidos por los ejecutivos autonómicos, entre ellos el vasco, al Gobierno central para suavizar los costes energéticos a la industria es la recuperación del sistema de interrumpibilidad. Un mecanismo que, a grandes rasgos, permite a la red cortar la luz a ciertas grandes plantas en momentos de gran demanda para asegurar el suministro a todo el sistema. A cambio, estas empresas reciben una compensación económica.

En la batería de propuestas enviada a Madrid por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, se incluía no solo retomar este sistema con la electricidad, que ya estuvo vigente entre 2014 y 2020, sino ampliarlo al gas. De momento lo que hay sobre la mesa es un plan similar a la vieja interrumpibilidad (ahora se llama sistema de respuesta activa de la demanda) para el mercado eléctrico, que ya ha celebrado su primera subasta y estará vigente entre el 1 de noviembre y octubre de 2023.

Se trata de un sistema "muy descafeinado", sostienen fuentes del sector siderúrgico, uno de los principales perjudicados por la factura energética en Euskadi, que definen el nuevo mecanismo como "una copia mala del sistema anterior", indican en referencia a la interrumpibilidad que funcionó hasta 2020 y que ya generaba críticas.

El problema es la baja remuneración por ver cortado el suministro en relación a los desajustes en la planificación que genera parar una planta de gran tamaño y las condiciones que se imponen. El dinero a repartir se calcula en algo menos de 100 millones de euros, menos que con el sistema anterior, y eso suponiendo que ninguna empresa incumpla y tenga que pagar una penalización, recuerdan desde AEGE, la asociación de compañías de gran consumo.

Planta de Nervacero. / Siderex

Preaviso con 15 minutos

Se harán paradas de un máximo de 3 horas diarias y Red Eléctrica avisará con 15 minutos de antelación. Teniendo en cuenta que volver a poner en marcha una gran acería puede costar el triple, cerca de nueve horas, la conclusión a la que han llegado varias empresas es que no compensa vivir sometidos a la incertidumbre a cambio de lo que se va a cobrar (el resultado de la subasta ha sido de 70 euros por megavatio asignado, a lo que se añadirá el precio a pagar en el mercado terciario por cada hora de descuelgue).

Además, desde AEGE señalan dos inconvenientes más. Uno es que para optar a la subasta se obligaba a mantener la misma comercializadora durante todo el año en que se participa en el sistema, lo que perjudica a aquellas compañías que están negociando para abaratar su factura a partir del 1 de enero. Y por otro lado se apunta a los breves plazos de tiempo para calcular pros y contras desde que entró en vigor la normativa en septiembre y la propia subasta de la semana pasada, que ha hecho que las empresas hayan optado por desistir antes que correr riesgos.

"La definición del producto no se ha adaptado a lo que las empresas pueden ofertar", señala a este medio Pedro González, director de AEGE. "Las empresas tenían toda la voluntad del mundo de participar, pero tal y como está configurado algunas han optado por no ir y otras han ido pero pensándoselo mucho", indica González. En dicha subasta se adjudicaron solo 500 megavatios de los 2.700 que pretendía colocar Red Eléctrica, lo que da una idea del escaso éxito.

La nómina de los 16 consumidores que sí acudieron a dicha subasta, entre los que hay operadoras y empresas, no se ha revelado, si bien se trata de un número muy escaso en comparación con el alcance del sistema anterior. Varias acerías vascas que sí lo hicieron en la versión anterior han optado por no entrar a la nueva interrumpibilidad para plantas de gran consumo, entre las que hay también cementeras, químicas o sector papelero.