Ya lo adelantó este periódico y desde hoy es una realidad. Ayesa ya tiene firmada la compra de Ibermática tras recibir el 'ok' de la CNMC y el Gobierno central. La tecnológica donostiarra pasa así a manos sevillanas con la salida de accionistas como ProA Capital y Kutxabank -que cierra el año con otra desinversión en firme ya en era Arriola- y comienza ahora su integración inmediata en el grupo andaluz. Una integración que, además, deja a la empresa con la dirección directa desde Sevilla tras la dimisión de Juan Ignacio Sanz como CEO de la empresa hace unos días. Ahora, según fuentes consultadas por este periódico, la tecnológica donostiarra tendrá como máximo dirigente al que ya es CEO de todo el grupo Ayesa: José Luis Manzanares.
La operación abre así un tiempo nuevo en la tecnológica donostiarra, que ahora tiene todo su arraigo en la capital andaluza. El grupo hispalense cierra con la compra de Ibermática un año marcado por las adquisiciones inorgánicas: hasta en tres veces se ha ido de compras este año Ayesa. Antes de la adquisición de Ibermática, Ayesa se ha hecho este año con otra tecnológica madrileña (M2C) y con la ingeniería irlandesa ByrneLooby. La estrategia de compras de Ayesa viene respaldada por el fondo londinense A&M Capital, que en marzo de este año se hizo con la mayoría accionarial del grupo de Sevilla que ahora controla Ibermática.
La operación integra a Ibermática en un grupo que espera cerrar el año con 640 millones de facturación y más de 11.000 profesionales. Un grupo que, asegura la propia Ayesa en un comunicado, ya está entre las cinco tecnológicas más importantes de España. "Con altas capacidades tecnológicas en inteligencia artificial, analítica de datos, automatización de procesos, desarrollo de aplicaciones y soluciones cloud", el grupo de los Manzanares vende ya en 23 mercados, fundamentalmente a grandes corporaciones y administraciones públicas.
Concentración de los trabajadores de Ibermática en Vitoria / CV
La negociación del convenio, primera parada
En lo más inmediato, los nuevos dueños de Ibermática tendrán que negociar con los sindicatos el convenio de la empresa, ya caducado. El anterior equipo directivo no fue capaz de llegar a un acuerdo y ahora los sindicatos se tendrán que sentar con algunos interlocutores nuevos para debatir cómo mejorar las condiciones salariales en la empresa. De no fluir el diálogo los sindicatos ya reconocieron que tienen una huelga de una semana completa guardada en el cajón por si hace falta aumentar la presión. El diálogo había permitido hasta ahora llegar a un entendimiento para aplicar un pacto en las cifras salariales de 2022 y 2023 a pesar de que el comité no estaba del todo contento con que la subida salarial de 2022 no fuese consolidada.
En el primer año se proponía desde la dirección una subida salarial diferenciada entre quienes cobran más o menos de 27.000 euros y que comprendía una paga no consolidable -que no se fijaría en el sueldo de los empleados- de un 3% para quienes cobrasen menos y un 1% para quienes cobrasen más. En 2023 se contemplaba una subida salarial del 4% en 2023 para los trabajadores con sueldos inferiores y un 3,2% para quienes cobrasen más.
Los escollos, hasta ahora, se encontraban en la oferta salarial de 2024 y 2025, cuya negociación inicialmente se posponía hasta septiembre de 2023. En los últimos encuentros se habían dado pequeños avances pero insuficientes para los sindicatos, con la siguiente propuesta solo para 2024 y con tres alternativas
- De producirse una deflación en 2023 se negociaría de cero para la subida salarial de 2024
- Si la inflación oscilase entre el 0% y el 2%, la subida de las nóminas sería de un 1% sin más debate
- En caso de que la inflación de 2023 fuese superior al 2% se negociaría cuánto subir aunque, según los sindicatos "sin garantías de que se parta del 1%"
En 2025 el mecanismo seria similar, pero la propuesta de la dirección para el último año del nuevo convenio no llegó a cristalizar en cifras concretas. Desde entonces las negociaciones estaban encalladas en un proceso en el que los sindicatos habían acusado a la cúpula de tener una "flagrante mala fe" en el diálogo social.