La convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio deja en el cajón las iniciativas legistlativas en marcha y, entre ellas, también el proyecto de la denominada Ley de Impulso Integral de la Economía Social. Este era el vehículo que finalmente iba a utilizar el Gobierno de Pedro Sánchez como paraguas legal para blindar el futuro de LagunAro EPSV, la entidad de ahorro del Grupo Mondragón, cuestión que queda ahora en el aire a expensas de las decisiones que pueda tomar al respecto el ejecutivo resultante tras el 23-J.
Se trata de una entidad muy particular dentro del ecosistema de EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria) propio de Euskadi, pero importante tanto por número de socios como por volúmenes globales de patrimonio. Con unos 30.000 socios activos y otros 15.000 ya jubilados, la entidad de ahorro de Mondragón es la segunda EPSV en tamaño de Euskadi por detrás de Geroa, vinculada a la patronal guipuzcoana Adegi y extendida por un buen número de sectores de este territorio.
Pese a su relevancia el futuro de esta entidad, de carácter mixto al beber de aportaciones de cooperativistas que pagan también a la Seguridad Social, queda en entredicho a raíz de los últimos cambios en materia de cotizaciones sociales. Y eso porque el nuevo sistema que se irá aplicando en los próximos años impone unas obligaciones en las cotizaciones de los autónomos que van dejando sin margen de maniobra a los socios a la hora de destinar una parte a la bolsa propia de Mondragón. Una hucha que, más allá del valor individual, es vital para el gigante cooperativo guipuzcoano porque da un importante respaldo en forma de cobertura social a los cooperativistas en caso de empresas en crisis.
Con ese embudo por delante y a pesar de que la subida de cotizaciones se plantea como una escalera hasta 2032 y no tendrá efectos en el sistema mixto de forma inmediata, desde Mondragón y desde la dirección de la propia EPSV hace tiempo que se iniciaron contactos a nivel político para asegurar en la ley la viabilidad de este modelo. Hasta ahora las sensaciones eran buenas y, pese a las reticencias iniciales del Gobierno central precisamente por no ser un problema con afección real en el corto plazo, finalmente el Ejecutivo había aceptado recoger este sistema específico de ahorro en la nueva ley de economía social.
Elecciones y a esperar
El anuncio electoral cambia el escenario. Queda en el cajón este proyecto de ley y, con él, el blindaje legal de la EPSV de Mondragón. Lo cierto es que desde el grupo cooperativo se viene trasladando un mensaje de tranquilidad en referencia a esta cuestión sobre todo porque hay tiempo por delante para arreglar el asunto, pero también es verdad que había interés en asegurar el futuro cuanto antes.
Más aun con el compromiso del Ejecutivo de Sánchez encima de la mesa y con una oportunidad legal clara para ello como era la ley de economía social. Luis María Ugarte, máximo responsable de LagunAro EPSV hasta este verano, en el que cederá el testigo a Carlos Maza, confirma en una entrevista de despedida en la revista digital del Grupo Mondragón que efectivamente Sánchez había dado el sí a este reconocimiento legal que ahora queda en el aire con el adelanto electoral. "Esto nos lleva a tener que reiniciar las conversaciones una vez se conformen el nuevo parlamento y gobierno", señala Ugarte.
Toca esperar por tanto a las intenciones que pueda tener el siguiente gobierno, cuyo color tal y como están las encuestas es una incógnita a día de hoy. Como en casi todos los asuntos que quedan pendientes con el parón de Congreso y Senado las dudas se dispararían en caso de mudanza en Moncloa. En este caso concreto además el futuro de la segunda EPSV de Euskadi forma parte de un melón mucho mayor y siempre fruto de desencuentros políticos como es la regulación de ingresos y gastos de la Seguridad Social. De quedar las cosas como están ahora habría plazo de sobra para lograr un acuerdo, si bien las declaraciones de los responsables de la entidad dejan claro que el objetivo es atar la cuestión lo antes posible.