El Ministerio adjudica a una empresa de Madrid la construcción del centro de refugiados de Vitoria por 14 millones
Al concurso se presentaron tres empresas y finalmente la elegida ha sido Seranco S.A.U con una oferta de 14, millones, es decir 600.000 euros menos que el presupuesto inicial de licitación
6 julio, 2023 11:01La Secretaría de Estado de Migraciones ha adjudicado a la empresa Seranco por un importe de 14 millones de euros las obras de reforma de la antigua residencia Arana de Vitoria para convertirla en un centro de acogida internacional de refugiados con 350 plazas. El proyecto salió a licitación el pasado febrero y se tramitó con carácter de urgencia. Contemplaba un valor económico estimado de 14,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 4 meses para la redacción del proyecto y de 12 para la ejecución de la obra a partir de la aprobación del mismo.
Al concurso se presentaron tres empresas y finalmente la elegida ha sido Seranco S.A.U con una oferta de 14, millones, es decir 600.000 euros menos que el presupuesto inicial de licitación.
Según la resolución de la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, Seranco ha sido elegida por presentar "la mejor oferta de acuerdo con los criterios" técnicos exigidos y a pesar de que su presupuesto no era el más económico. De hecho Construcciones Amenabar tenía un presupuesto algo inferior pero al no cumplir con otros requisitos fue excluida del proceso. La otra firma descartada, Zikoitz, presentó un presupuesto mayor al de Seranco y además logró peor valoración en otros criterios a tener en cuenta.
La propuesta del Gobierno de España de transformar la residencia Arana, actualmente en desuso y propiedad del Estado, en un centro de acogida para refugiados ha contado con la oposición del PNV y de hecho suscitó un cruce de reproches con el PSE, su socio en el Gobierno vasco, y también con el Ejecutivo central. Finalmente ambas formaciones decidieron no polemizar en público sobre esta cuestión. El proyecto, que contará con fondos europeos, también ha sido criticado por la Diputación de Álava y la parte nacionalista del Ayuntamiento de Vitoria -gobernado también en coalición por PNV y PSE-, formaciones políticas como EH Bildu y asociaciones vecinales de la ciudad.