Tras entrar en concurso de acreedores y aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo en julio, a finales de septiembre, Glavista, especializada en lunas y techos solares para automóviles, anunció un Expediente de Regulación de Empleo para su planta en Llodio (Álava).
La noticia llevó a la plantilla, conformada por 244 trabajadores y representada mayormente por ELA, a convocar numerosas concentraciones e incluso a llegar a encerrarse en la planta durante días, algo que dio como resultado que en diciembre 196 empleados de la planta pudiesen optar a prestaciones por desempleo mientras los embrollos legales en los que se encuentran metidas las compañías que han formado o forman parte de esta planta se solucionan. Y es que los problemas que rodean esta compañía habrían sido originados, tal y como apuntan desde ELA, mucho antes de la decisión tomada en septiembre.
Fue en 2020 cuando saltaron las alarmas para muchos de los empleados después de que Guardian vendiese su división de parabrisas a Partner Capital, un fondo de inversión suizo. Movimiento que se vivió con cierto recelo y se relacionó ya en su momento con “la especulación”. Solo tres años después, las sospechas de algunos de estos trabajadores vinieron a confirmarse: la planta iba a volver a ser vendida, esta vez a la firma industrial Amine. Un acuerdo que, pese a que parecía muy sólido e iba a suponer un “soplo de aire fresco para la plantilla ante la situación económica complicada que estaba viviendo el grupo”, no se llevó a cabo. Algo que desde ELA achacaron a que Guardian se negase a vender los terrenos en los que se ubica Glavista, de los que todavía conserva su propiedad.
Incapaces de entender por qué en un primer momento Parter Capital aceptó una oferta para después rechazarla y por qué Guardian ha bloqueado la venta de los terrenos, la plantilla se ha visto envuelta desde ese momento en un cruce de acusaciones de responsabilidad entre estas empresas, todo esto “desamparada por las instituciones que no han hecho nada por evitar llegar a esta situación”, afirman desde el sindicato mayoritario en el comité, ELA.
"¿Por qué se permite esta situación?"
El comité ha señalado que tras la última reunión con responsables de la Consejería de Industria al inicio del pasado mes de noviembre, el Gobierno vasco no se ha dirigido a ellos pese a las diferentes solicitudes para reunirse, por eso denuncia “el secretismo” del Departamento: “Las supuestas conversaciones y negociaciones entre Guardian y Amine para buscar una salida al conflicto, con la mediación del Gobierno vasco, siguen siendo un absoluto secreto”, afirman.
“Todo lo necesario está encima de la mesa, hay un inversor, hay un proyecto de continuidad, pero lo que no hay es un interés por parte de Guardian para desbloquear la situación. Mucho nos tememos que la estrategia de Guardian es dejar que pase el tiempo, y nos preguntamos si el plan del Gobierno vasco es el mismo y están esperando a ese momento para decir algo”, aseguran desde ELA, recordando que Glavista percibió 2,5 millones de euros en ayudas públicas de “todos los contribuyentes” que terminaron en manos de un fondo buitre que se encargó de llevar a la quiebra a la empresa.
Por todo esto, exigen una intervención directa del Gobierno vasco y resto de instituciones, también si es necesaria expropiando los terrenos de la empresa: “Les decimos que esto es un problema empresarial, no un problema de costes salariales. Esto es un problema de especulación y fraude empresarial, y es un problema de desindustrialización de la comarca. ¿Por qué se permite esta situación?”. Insisten, además, en que no solo vale con acompañar, “necesitan intervención de las instituciones, y es que, si nada cambia, los 244 trabajadores encaran ya los últimos meses de esta histórica fábrica vizcaína.