El nombre de Juan Carlos Ramírez es uno de los más mencionados en los últimos años por los aficionados de diversos clubes de fútbol. Su poder económico ha dejado huella en equipos como el Hércules, el Elche, el Alcoy y en La Nucía, su última adquisición después de abonar dos millones de euros y hacerse con el control absoluto de la entidad, que militará en la Tercera RFEF a partir de la próxima temporada tras su descenso de categoría este año. El empresario, nacido en Euskadi, lleva afincado desde hace más de 30 años en la provincia de Alicante, donde es propietario de una sociedad denominada Kuntajara SLU y que incluye la posesión de diversos concesionarios de coches de la marca Toyota y Lexus tanto en las Islas Baleares como en la Comunidad Valenciana. Durante la última década obtuvo beneficios de entre 16 y 19 millones de euros.
Se trata de un gestor que en el último ejercicio registró unas ganancias superiores a los 10 millones de euros, algo habitual desde hace más de una década. Su sociedad, además, tiene un capital social superior a los 8 'kilos' (8.639.322) y se encuentra situado en el antiguo bloque de Panoramis, el centro de ocio más destacado de la ciudad de Alicante y que, dos años después, decidió transformar en oficinas para reagrupar todas las sociedades en las que está involucrado, poniendo fin así a uno de los espacios más visitados de la ciudad, ya que incluía un espacio de cine y también de locales de ropa y de alimentos. Todo ello, después de hacer efectiva la compra por unos 900.000 euros.
Juan Carlos Ramírez, el empresario vasco dueño del Alcoyano y del CF La Nucía.
Ramírez es administrador único de dos sociedades, apoderado de otras siete, representante de una y es consejero del Hércules CF
De hecho, Juan Carlos Ramírez es administrador único de dos sociedades, apoderado de otras siete, representante de una y continúa siendo consejero del Hércules Club de Fútbol, equipo que en su momento adquirió en el año 2015 tras hacerse cargo de una deuda superior a los 4 millones de euros. A pesar de no ser la cabeza visible del proyecto pocos años después, continúa siendo parte de la junta directiva con un poder mucho más inferior que el que poseía en su momento.
Discrepancias con Alcoy y la Audiencia de Castellón
Cabe recordar que, mientras que compagina su labor en los despachos con sus negocios inmobiliarios y de automóviles, es dueño de dos clubes de fútbol en estos momentos: La Nucía y Alcoyano. El último de ellos, sin tener asegurada su continuidad en la ciudad, algo que dependerá del propio empresario vasco. En 2022, pagó 700.000 euros para hacerse con el control del club con el 97% de las acciones y evitó el descenso administrativo de la entidad. Durante estos dos últimos años, ha sufrido discrepancias con el Ayuntamiento y dejó entrever que, de continuar así, pondría en venta el equipo. De ahí que esté vinculada la compra del club de La Nucía, equipo que cuenta con "muy buenas instalaciones" según Ramírez, subrayando que son mejores que las que hay en Alcoy. De ahí que se esté planteando la idea de mover al equipo a 50 kilómetros, a la localidad nuciera.
Juan Carlos Ramírez, durante su etapa como vicepresidente del Elche.
Ramírez, junto al presidente del Villarreal, Fernando Roig, estuvo envuelto en un delito de estafa propia en 2011
Su vinculación con el Alcoyano comenzó poco después de todo lo acontecido con el 'Caso Wakaso'. El empresario vasco, junto al actual presidente del Villarreal, Fernando Roig, estuvo envuelto en un delito de estafa propia que involucraba al centrocampista ghanés Wakaso Mubarak. Todo se remonta al año 2011, cuando el jugador fue objeto de un despido disciplinario por parte del Elche (club en el que en aquel momento se encontraba Juan Carlos Ramírez como vicepresidente), incorporándose de esta manera al filial del Villarreal.
Esto, a los ojos de la Fiscalía, fue un despido simulado, ya que se buscaba encubrir una operación de traspaso (Wakaso tenía en el Elche una cláusula de rescisión de 3.000.000 euros) y, de esta manera, regatear el pago a la firma JP Sport Manager Deportivo del 42% del montante, ya que ese porcentaje le correspondía a la citada agencia de representación, es decir, unos 1.260.000 euros. La Fiscalía llegó a pedir una pena de tres años de cárcel, pero finalmente, tras 11 años de citaciones judiciales, ambos protagonistas terminaron absueltos del caso.