Cuando los trabajadores de CAF dieron su visto bueno al último convenio, desde la parte social con el sindicato LAB a la cabeza se celebró la inversión comprometida por la dirección para reconvertir un solar en una nave de pruebas. Eran 9 millones de euros. El detalle, que en su día ayudó a desbloquear el conflicto, sirve para poner en perspectiva lo que supondría para la empresa de Beasain acometer una operación del volumen de la de Talgo.
Para empezar la firma vasca debería poner sobre la mesa más de 600 millones de euros, que son los que ofrece Magyar Vagon, a lo que habría que sumar la deuda y el resto de gastos del histórico fabricante de trenes que fundaron Goicoechea y Oriol. Aun así, si CAF no entra al trapo de momento a las especulaciones en torno a una posible fusión con Talgo no es solo por las dificultades financieras.
CAF ha encontrado respaldo ya en anteriores ocasiones para realizar un esfuerzo extra y poder absorber negocios interesantes, caso de la última compra a Alstom en Francia, y así sería si finalmente encuentra luz verde para hacerse con activos de Hitachi en algunos países europeos. Si a día de hoy en oficinas y talleres de Beasain apenas se habla de Talgo es, básicamente, porque no es una prioridad estratégica.
Pese a esa complementariedad a priori que ofrecería Talgo por su capacidad en alta velocidad, lo cierto es que CAF mira a otros frentes como los autobuses de Solaris, la digitalización y automatización de líneas y unidades y el pujante negocio de la señalización.
Eneko Andueza, del PSE, e Imanol Pradales, del PNV, en el Parlamento Vasco /
El (difícil) empujón político
El enfoque respecto a la compañía ahora con corazón en Madrid, a pesar de tener raíces vascas y contar con una planta productiva en Álava, solo podría cambiar de la mano de un verdadero empujón político que ofrezca garantías. El interés del Gobierno central en que CAF se meta en la puja parece evidente pero no está tan clara la posición del PNV.
Por un lado está claro que atraer de nuevo a Euskadi el centro de decisión de una compañía como Talgo tendría un gran impacto y, a la vez, sería un buen tanto para el nuevo Ejecutivo de Vitoria que encabezará Imanol Pradales y que echará a rodar previsiblemente a finales de este mes de junio. Pero no hay mucho más que ese doble interés político para creer en la alianza. Lo cierto es que el parón a nivel institucional actual en Euskadi, con un gobierno interino a la espera de que PNV y PSE terminen de pulir el reparto de carteras, no ayuda a tomar decisiones. Y luego está la conexión directa del accionariado de CAF con actores muy pegados a la esfera institucional y social: el Gobierno vasco controla un 3% vía Finkatuz, Kutxabank un 20% y una parte de la plantilla (cartera social) casi un 30%.
Mientras la plantilla de CAF vive ajena por ahora a los rumores, los trabajadores de Talgo sí se ven directamente afectados por la OPA húngara y sí reclaman tanto a Madrid como a Vitoria que blinden el futuro de la compañía con su configuración actual en España. Aunque la cartera de pedidos garantiza el trabajo hasta el final de la década y el del ferrocarril es un negocio al alza por la descarbonización, la entrada de Magyar abre incógnitas que desatan la incertidumbre entre los trabajadores, que como es lógico ven con buenos ojos que se dé preferencia a un socio español.
Instalaciones de CAF
Alternativas
A la espera de comprobar si el gabinete de Pradales, en el que no está claro si repetirá Arantxa Tapia al frente del área industrial, quiere hacer casus belli del asunto y activar la vía CAF, el Gobierno central intenta abrir otras puertas que le permitan dar portazo a Magyar Vagon. El último nombre en salir a la palestra en medios de comunicación ha sido el de Escribano, firma madrileña que participa en el capital de Indra, que se une así a otros fabricantes al que habría tanteado Moncloa como Skoda o Stadler.
La falta de un socio industrial sería el argumento de Criteria, brazo inversor de La Caixa, para decidir finalmente no entrar en la operación de Talgo. Moncloa sigue buscando contrarreloj una pareja local para el histórico fabricante de trenes que le permita presentar una alternativa a Magyar, que mantiene la OPA en marcha. Si se atiende al plazo de tres meses que se dio el Gobierno para estudiar la oferta, el Ejecutivo de Sánchez tendría hasta comienzos de julio, dentro de prácticamente un mes, para decidir formalmente sobre la OPA en el consejo de ministros.