Hace tan sólo unos días, el pasado 1 de agosto, el parque eólico de Labraza impulsado por Aixeindar, la sociedad participada por Iberdrola y el Ente Vasco de la Energía (EVE), recibía luz verde por parte del Gobierno vasco con la concesión de la Autorización Administrativa de Construcción.
Sin embargo, desde Ekologistak Martxan denuncian que "ahora mismo hay un recurso que ha presentado la Junta Administrativa de Labraza y la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCa Rioja)", por lo que no entienden cómo el Ejecutivo autonómico permite seguir avanzando en un proyecto en el que a pesar de la falta de consenso, ha sido declarado de interés público por la Diputación Foral de Álava a través de su Departamento de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio.
Y es que la propuesta de instalar ocho aerogeneradores de 5 MW en el concejo de Labraza, perteneciente al municipio alavés de Oion, ha recibido el rechazo de los vecinos de la zona, que en su recurso en contra denuncian que, con esta adjudicación, se comete "una clara injusticia" ya que, según explican, "a los habitantes no se les permite instalar placas solares en sus tejados, debido a la protección medieval del pueblo, pero en cambio, al promotor de este parque le dan permiso para poner molinos eólicos a pocos metros de sus casas".
Además, en el caso de Labraza, "se pretende que, con una población de cien personas, se produzcan miles de megavatios por hora" que además "ni siquiera van a consumir los vecinos, sino que eso se va a ir a donde lo pida la red", critica la portavoz del grupo de energía de Ekologistak Martxan, Marisa Castro.
Una transición con consenso
Desde la agrupación ecologista denuncian que la transición hacia las energías renovables "no se está haciendo bien y lo que se están dando son permisos de grandes parques de grandes empresas sin fijación con el territorio". Por ello, piden que se establezca un debate con los pueblos y se abogue por construir instalaciones renovables "más pequeñas, locales, ligadas al consumo y consensuadas con todos los implicados" en vez de "grandes proyectos".
Aunque la ley vasca de Cambio Climático y Transición Energética establece que todos los proyectos presentados a partir de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en febrero, "van a tener que cumplir unos requisitos de participación pública", no se aplica a ninguno de los proyectos presentados antes de la entrada en vigor de la norma, por lo que los cambios que establece la norma no les son aplicables, denuncia Castro.